Categoría: Nacionales

Fuente: Buenos Aires Económico     (5-01-10)

 Algo huele mal en la provincia de Buenos Aires; algo que viene de lejos y que sigue contaminando con un olor nauseabundo a quienes supuestamente deberían dedicarse a cuidar a los ciudadanos y a proteger sus bienes. Desde los años oscuros de la dictadura, cuando el genocida Camps y sus esbirros transformaron el territorio bonaerense en un infierno de sangre y corrupción, sigue persiguiendo a las fuerzas policiales el espectro de la venalidad y de la violencia mafiosa, como si ésa fuese la herencia que dejaron los perros de la noche como para que no pudiéramos olvidarlos.

El juicio a Etchecolatz, el segundo de Camps, trajo por un lado su condena y, por el otro, el secuestro y la desaparición de Julio López. El gatillo fácil, las complicidades delictivas, el asesinato de jóvenes que se niegan a “trabajar” en el delito, el manejo de oscuros negocios ligados al narcotráfico, la red de desarmaderos de automóviles, la utilización de menores como mano de obra para delinquir, la podredumbre del sistema penitenciario que ha convertido a las cárceles en cloacas concentracionarias, policías activos que forman bandas de criminales, jueces que los amparan y los protegen, políticos que no han dejado de mentirle a la población diciendo que estamos frente “a la mejor policía del mundo”, son las partes visibles de un sistema policial agusanado que ha perdido, si alguna vez la tuvo, la brújula de su verdadera y genuina función. Parte del sistema judicial también ha sido alcanzado por esa descomposición creando las condiciones de una impunidad jurídica que asfixia los derechos de los ciudadanos y beneficia a los funcionarios corruptos. Desarmar esa red de complicidades delictivas es una de las tareas principales de cualquier gobierno democrático; su persistencia constituye una amenaza directa de aquello que los argentinos recuperamos un 10 de diciembre de 1983.

Que el ministro de Seguridad de la provincia, alguien que se decía amigo de la bonaerense y que era afecto, y lo sigue siendo, a la reivindicación de la mano dura y a la disminución de la edad de la imputabilidad de los menores, haya tenido que salir a denunciar públicamente que altos mandos de la policía estaban comprometidos con los últimos asesinatos de mujeres jóvenes profesionales de clase media en el Gran Buenos Aires, adquiere una dimensión gravísima, se convierte en la gota que rebalsó el vaso y que nos pone delante de uno de los más complejos y decisivos problemas por los que atravesó y atraviesa la democracia y la vida colectiva. Literalmente se trata de enfrentar a un núcleo duro que proviene de los años de la dictadura y que se ha desplegado en las últimas décadas democráticas capturando gran parte de la estructura misma de la principal fuerza policial de la provincia.


Carlos Stornelli, de él se trata, se dedicó, con el aval del gobernador Scioli, a desmembrar lo laboriosamente construido por León Arslanian y su equipo devolviéndole a la bonaerense una autonomía que le permite, en esencia, utilizar discrecionalmente su gigantesco poder cerrando el paso a la activa participación de civiles en la conducción de una fuerza policial que, de seguir reportando a sus propios mandos, continuará profundizando su descomposición. El asalto que sufrió la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires el último 30 de diciembre, el robo de archivos y de documentación hecho a la luz del día y a cara descubierta por un par de individuos que, eso parece, son o han sido policías o militares retirados, nos pone delante de una situación que se ha vuelto intolerable y que debería activar todas las alarmas, ya no sólo de parte del gobierno provincial sino, también, del nacional. Defender las instituciones, su calidad es, qué duda cabe, tomar el toro por las astas y recuperar la iniciativa democrática a la hora de reformar profunda y decisivamente la estructura policial. El tiempo urge, porque nos enfrentamos a criminales muy bien organizados que están dispuestos a defender sus prerrogativas, esas que han surgido de ampararse en una institución pública dedicada supuestamente a proteger a los ciudadanos. Tienen poder, tienen armas y han construido a lo largo del tiempo una vasta red de complicidades que atraviesa los distintos estamentos políticos y judiciales. Por supuesto que la bonaerense es apenas uno de los ejemplos, tal vez el más citado últimamente,  pero no el único en un país que no ha podido enfrentarse seriamente a la corrupción de sus fuerzas policiales.

Por eso resulta extraordinariamente auspicioso el surgimiento, la semana pasada, de un amplio acuerdo por una seguridad democrática; un acuerdo que involucró a un espectro variado tanto de la oposición política como del oficialismo, además de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, personalidades de la vida cultural y otras agrupaciones. Más allá de las diferencias en otros órdenes de la vida social, política y económica; más allá de las inclemencias propias de las disputas políticas,  lo que emergió fue una voluntad común, articulada alrededor de diez puntos, para, de una vez por todas, diseñar un proyecto democrático de seguridad pública que salga a frenar la alquimia de delincuencia policial, demagogia fascistoide y amarillismo mediático que lo único que vocifera es la exigencia de más represión. Esta coalición amplia, diversa y plural viene a llenar un vacío y a formular una gran convocatoria para todos aquellos que defienden el ideal de una sociedad democrática. Avanzar en los acuerdos, trabajar rigurosa y consensuadamente para darle forma y viabilidad a esa reforma impostergable e imprescindible constituye uno de los desafíos principales en el Año del Bicentenario.

No hay república si no somos capaces de intervenir con ideas y con coraje en un tema tan complejo y decisivo para la vida cotidiana y que tan fuertemente influye sobre la sensibilidad de la opinión pública. El cóctel molotov de marginalidad, delincuencia, policía corrupta, ciudadanía atemorizada y espoleada por los medios masivos de comunicación y retórica demagógica de matriz represivo-derechista (esa que inauguró Blumberg acompañado por Sergio Bergman, responsable de aquel acto en el que tuvo la osadía de reemplazar las estrofas del Himno Nacional, aquellas que hablan de libertad, libertad, por seguridad, seguridad, y que continúan hoy, entre nosotros, los De Narváez, los Macri y algunas estrellas de la televisión), ese cóctel molotov amenaza la convivencialidad democrática. Nada más perverso que aprovecharse del dolor de quien ha sufrido una pérdida irreparable para acicatear a la gente llevándola a pronunciarse por soluciones mágicas y brutales. Nada más impúdico que la cámara y el micrófono del noticiero que le pide al familiar de la víctima una opinión de aquello que debería hacerse con los delincuentes; nada más viciado que la utilización del sufrimiento para propagandizar proyectos que buscan criminalizar a los pobres y a los jóvenes dejando fuera de toda responsabilidad a las instituciones policiales. Nada más peligroso para la democracia que hacer proliferar el discurso de la vendetta.


La tarea es ardua y compleja, sus dificultades, enormes, pero haber tenido la osadía de tomar la iniciativa reuniendo un arco tan variado abre una cierta esperanza de estar ante un acontecimiento de hondísima relevancia política, social y cultural. Ojalá que los consensos alcanzados, la voluntad común de limar asperezas y diferencias, se sobrepongan a los desencuentros y a las antiguas reyertas propias del universo político. La democracia, la vida y la ciudadanía estarán infinitamente agradecidas.