Categoría: Nacionales

Fuente: Miradas al Sur      (27-12-09) 

Reportaje al Juez Raúl Eugenio Zaffaroni

 "El manejo de los medios no es inofensivo frente a la realidad de cadáveres”, sentencia el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni. En una entrevista con Miradas al Sur, el miembro del máximo tribunal se refiere a los cruces entre un sector del Poder Judicial y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y establece su posición frente a una eventual nueva ley de asociaciones sindicales cuyos objetivos sean los de “reforzar el movimiento obrero, a través de un pluralismo racional y regulado”. Además, el juez arremete contra el discurso hegemónico generador de miedo y analiza los últimos fallos de algunos magistrados a favor del Grupo Clarín.

–¿Qué opina de la actual judicialización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?


–En la Argentina se está viviendo un momento de judicialización de toda la política, lo cual es un capítulo más de un fenómeno mundial que aquí se traslada también al tema de la coparticipación federal, en fondos que piden las provincias. En fin, temas políticos en el sentido más estrecho de la palabra, que se judicializan


–¿Esa coparticipación debería estar contemplada –teniendo en cuenta que actualmente no lo está– en la reforma constitucional que usted promueve?


–El problema impositivo en general está vinculado a toda la historia de nuestro constitucionalismo, cuestión que en el ’94 no se resolvió y se pateó para adelante. Todo esto derivó en una supuesta ley que políticamente es casi imposible, de modo que es un tema que quedó constitucionalmente abierto. Sería deseable que se pudiera saldar en una futura reforma constitucional –sobre todo porque es un tema que tiene 150 años–, pero eso depende de las circunstancias, no estoy muy seguro de que se pueda hacer.


–¿Cree que las decisiones judiciales no son acatadas por el Ejecutivo, como denunció la jueza Carmen Argibay?


–En líneas generales, el Ejecutivo acata nuestras decisiones. Hasta ahora no hemos hecho procesar a nadie por el incumplimiento de una orden de la Justicia, lo que significa que no hay una resistencia abierta al cumplimiento de las órdenes concretas del Poder Judicial. No lo descarto en el futuro, pero hoy no (se ríe).

–Usted ha dicho que “no hay distribución de tóxicos sin connivencia oficial”. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado  sobre esta temática?

–Toda manifestación de lo que hoy se llama criminalidad organizada –que no sé muy bien lo que es, pero se hacen congresos en todo el mundo– no funciona sin un cónyuge inseparable que es la corrupción estatal. Hay algún nivel del aparato estatal que entra en negociación y sin ese sostén no operan. Tengo muy serias dudas sobre la política mundial con respecto a esto. Lo dije en varios foros y nadie me lo contesta, lo cual me hace dudar mucho más todavía. Si uno tiene una oferta de un servicio ilícito, hay una demanda, que generalmente es bastante rígida. Lo que hacemos con la represión es enrarecerlo, disminuirlo, dificultarlo, no lo hacemos desaparecer, y el mejor ejemplo es que ninguno de estos servicios ilícitos ha dejado de operar. Se disminuye, se enrarece ¿De qué forma? Eliminando del mercado a las pymes y dejando a aquellos que tienen más poder, o sea la gran empresa, que tiene mayor capacidad corruptora y tecnológica. La duda que tengo es a dónde conduce esta política mundial en materia de represión a este tipo de delincuencia organizada. No confío en el éxito, realmente. Basta ver lo que está pasando en México para darnos cuenta de las paradojas a las que nos puede conducir esta política: policía corrupta, metieron al Ejército, se corrompió el Ejército, se desarmaron todos los equilibrios de la actividad ilícita, explotó la criminalidad común, guerra entre mafias, 15 mil muertos. 


–En términos sociales, educativos y de seguridad, ¿cuán importante es la batalla contra el paco?

–En materia de seguridad, creo que ninguna, o muy poca. El adicto al paco no es el principal problema. El consumidor de esta droga, en general, es un pibe muy joven, marginado dentro de la propia marginación y lo que se produce es una autolesión gravísima. En materia de salud, sí es importante, por supuesto. El paco es un tóxico mortal. Esto no significa que los otros tóxicos sean inofensivos, pero una cosa es que algo lo mate a uno en 20 años y otra, en uno.


–A veinte años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cree que ha habido avances respecto de la situación de los menores?

–A nivel legislativo, sí. La Ley de Patronatos ha sido derogada, hay una de protección integral. En cuanto a Justicia penal juvenil, no. Estamos con la vieja ley todavía, que es altamente represiva, porque permite aplicar penas privativas de libertad sin las garantías procesales.

–¿Es compatible con la baja de imputabilidad?

–Qué se entiende por baja de edad de imputabilidad? Porque lo de imputabilidad, técnicamente es un error. El niño y el adolescente no son inimputables y están fuera del derecho penal o sometidos a un régimen penal distinto. El problema es que, dada una cuestión de psicología evolutiva, tiene un grado de madurez inferior al adulto. No en el término intelectual, pero sí en el aspecto emocional. En consecuencia, no puede tener el mismo grado de derecho penal. En función de eso, que es un dato de la realidad que manejamos todos los días, si lo trasladamos al derecho penal, evidentemente tiene que tener un tratamiento diferente que merece un grado menor de culpabilidad. Puede ser medio arbitrario, quizás, fijar topes de edades, pero no queda otra. El tope de edad nosotros lo tenemos en los 16 años y hay un sistema de pena atenuada conforme a la escala de la tentativa de delito grave. Por debajo de los 16 años hay un sistema de pena oculto, eso es lo grave que tiene la ley vigente. Es decir, se le puede aplicar la privación de libertad, pero con un proceso inquisitorio.

–¿Por qué cree que se está generalizando e instalando el discurso de que es necesaria la mano dura y se dice que el garantismo es casi una blasfemia?

–Yo creo que las garantías son de la Constitución, pero admito que haya gente que sea nazi, fascista y que quiera otro tipo de marco legal. Pero mientras exista éste, hay garantías, que son las que permiten ponerles límites a la acción del Estado. Cuando éste pierde todo ese límite, se termina en un genocidio. Simplemente es eso. Admito que hay mucha gente que tiene una postura de ideas que son potencialmente genocidas. Afortunadamente, hoy tenemos esta Constitución.

–¿Cuál le parece que debería ser el modelo de policía adecuado? ¿Qué medidas habría que empezar a implementar


–Creo que habría que hacer varias cosas, pero no hay un modelo nacional de policía. Tenemos 25, conforme a las distintas competencias, sin perjuicio de las varias policías nacionales que existen. Creo que tenemos que levantar la puntería y pensar en los mejores modelos de policía del mundo: la Scotland Yard, la canadiense, las comunitarias españolas y, en base a eso, definir nuestros modelos conforme a la necesidad de cada provincia. Tenemos un territorio extenso, donde los requerimientos de seguridad son distintos: el interior de la provincia de Buenos Aires es una cosa, el Gran Buenos Aires es otra, la Capital Federal es otra. Insisto en que lo que se necesita es un órgano de carácter nacional que sea capaz de planificar, diagnosticar y aconsejar la inversión racional del presupuesto.

–¿Cuál es el peligro de que se unifique la policía en América Latina y por qué cree que Estados Unidos incentiva esa práctica?


–Estados Unidos le dice a Latinoamérica que unifique la policía y me parece que un sistema centralizado es incontrolable, que se convierte en una cuarta Fuerza Armada, pero con mucho más poder. El grado de penetración en la sociedad por parte de la policía es mucho mayor. Hay un poder de control que luego se autonomiza del poder político y, finalmente, acaba poniéndole sitio, incluso pudiendo llegar a dar golpes de Estado. El modelo de policía comunitaria es una cosa, el sistema de ocupación territorial es otro. Nosotros no copiamos el modelo de Constitución de los EE.UU., pero sí copiamos el modelo de los Borbones.


–Francisco de Narváez ha confirmado su intención de ser candidato a Presidente para el 2011 y, desde algunos medios, se habló de una reunión que él habría mantenido con usted en la que buscó que la Corte Suprema habilite su postulación. ¿Realmente existió ese diálogo?

–Yo hablo con todo el mundo, vino a visitarme De Narváez y conversé con él. Naturalmente habilitar una candidatura a Presidente no es una conversación (sonríe). Tampoco le di una opinión al respecto ni adelanté cuál sería mi opinión. Que lo plantee y veremos.


–¿Lo hizo?

–Se habló del tema, pero en líneas generales. No le dije cuál era mi opinión ni tampoco vino a preguntarme concretamente eso.

–¿Es positivo o negativo el mantenimiento del unicato sindical?


–Yo creo que el movimiento obrero no puede perder fuerza, pero creo que un cierto grado de pluralismo lo refuerza, en vez de debilitarlo. Por supuesto, si estamos pensando en una atomización, o en una anarquización total de la masa de trabajadores, ahí desaparecería. Pero creo que nadie está pensando en eso, sino en un reforzamiento del movimiento obrero a través de un pluralismo racional y regulado.


–¿Cree que es hora de impulsar una reforma de la ley sindical?

–Por supuesto, así como en la política dos tipos no pueden hacer un partido político, tampoco puede cualquier loco hacer un sindicato, y que se le ocurra declarar una huelga por su cuenta, o ir a negociar por su cuenta. Sí, creo que habría que pensar en una nueva ley sindical. Creo que hoy hay una madurez distinta a cuando se pensó este modelo.