Categoría: Nacionales

Fuente: Buenos Aires Económico    (16-12-09)

 A diferencia de los uniformados que se encaramaron en el poder el 24 de marzo de 1976, los civiles de saco y corbata que desde el poder económico, desde la diplomacia, la justicia o la Iglesia instigaron, adhirieron y colaboraron activamente con la dictadura militar ocupando cargos clave, aún hoy siguen teniendo protagonismo.

Personajes como el designado ministro de Educación porteño, Abel Posse con un pasado diplomático en el Centro Piloto que el masserismo montó en Paris, o Horacio Sanguinetti -quien antes de demoler el Teatro Colón por cuenta de Mauricio Macri-, se desempeñó como jefe de Asuntos Jurídicos del ministerio del Interior que duramte la dictadura tenía bajo su responsabilidad rechazar los hábeas corpus por los desaparecidos. Sin embargo, algo está cambiando.

En los próximos días, el juez federal Sergio Torres podría procesar a los primeros ex funcionarios civiles de la dictadura por delitos de lesa humanidad. El magistrado debe resolver la situación procesal de los primeros dos civiles llamados a prestar declaración indagatoria en la megacausa ESMA donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro de detención clandestina.

El ex secretario de industria del gobierno que usurpó el poder el 24 de marzo de1976, Juan Alemann; y el ex fiscal Oscar Hermelo fueron indagados la semana pasada por el juez Torres. Juan Alemann, que fue el virtual número dos del ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz, se presentó solo y sin abogados en el cuarto piso de Tribunales donde pidió ser asistido por un Defensor Oficial y se negó a declarar argumentando que "la complejidad de la causa" le exigía más tiempo para analizar las acusaciones en su contra".

La causa contra Alemann se inició en 2005 a raíz de un reportaje publicado por el autor de esta nota en la revista "Veintitrés". En esa entrevista, el ex funcionario admitió que "la ESMA fue el único lugar donde se torturaba por placer. En otros lados sólo se torturaba para sacar información y luego los mataban. Lo de todas las guerras", dijo Alemann frente al grabador y agregó que "no tenemos que hacer ninguna autocrítica".

A lo largo de la entrevista, Alemann justificó la desaparición de personas y la apropiación de menores con precisión, desparpajo e impunidad. Como ejemplo: "Hubo 200 y pico de casos de mujeres que tuvieron hijos en cautiverio y que después las liquidaron. De esos, unos 200 los entregaron a los jueces y quedaron menos de 30 que los distribuyeron entre familias de militares. Eran chicos que sobraban, porque estos guerrilleros constituían parejas y mientras peleaban tenían hijos. Pero no hubo robo de chicos. Era una irresponsabilidad. Hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero".

Más tarde, cuando quiso desdecirse, la revista publicó el CD con el audio completo de la entrevista. En una segunda nota, los sobrevivientes Víctor Basterra y Carlos Lordkipanidse aseguraron que el ex funcionario visitó la ESMA en octubre de 1979, luego de un atentado que sufrió y, en esa ocasión, habría estado en el Casino de Oficiales y la denominada "huevera", donde se torturaba a los prisioneros.

Según los denunciantes, Alemann, acompañado por el jefe de operaciones Adolfo Donda Tigel, el teniente Fernando Peyón,y el jefe de inteligencia Horacio Lorenzón, entre otros, habría estado en la sala de tormentos para conocer de cerca al prisionero Orlando Antonio Ruiz, quien permanecía encapuchado y engrillado junto a su esposa, Silvia Beatriz Dameri, próxima a dar a luz.

Según los militares, Ruiz tenía filiación montonera y había participado en el fallido atentado contra Alemann el 8 de noviembre de 1979.El matrimonio Ruiz Dameri continúa desaparecido mientras que sus tres hijos fueron localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Laura, la más pequeña y nacida en 1980, es la nieta recuperada número noventa.

Próximo a cumplir ochenta años, Alemann no teme ir preso, al menos por ahora, ya que el delito de encubrimiento agravado por su condición de funcionario por el cual está imputado, tiene penas menores que posibilitan que se lo exima de la prisión preventiva.

Algo parecido ocurre con el ex fiscal de ejecución penal, Oscar Hermelo ya que si bien su acusación es algo más grave ("partícipe secundario" del apoderamiento de bienes de prisioneros) la defensa del ex representante del ministerio público podría obtener la exención de prisión.

Al declarar ante el juez Torres, el ex fiscal que debió renunciar al cargo cuando avanzaba un pedido de juicio político, confirmó su presencia en la ESMA, pero sostuvo que "ignoraba lo que ocurría en el Casino de Oficiales" y otras dependencias ya que su tarea "se limitaba al tema de los autos". Hermelo se había desempeñado en el "área automotores" de la ESMA donde se tramitaba la documentación de los vehículos de los que habían sido desapoderados los cautivos en ese centro clandestino.

Hermelo tiene como defensor a Roberto Calandra, ex juez correccional durante la dictadura y ex defensor del Brigadier Omar Rubens Graffigna, durante el juicio a los comandantes de la dictadura.

Si alguien se toma el trabajo de seguir los diarios argentinos descubrirá que el ayer es ahora con demasiada frecuencia. Basta con echar un vistazo a la nómina de civiles que colaboraron con la dictadura para comprobar que en la Argentina el pasado no termina de pasar. Apellidos como Solanet, Durrié, Aguado, Zorreguieta, Estrada, Klein, Diz o Reynal siguen rigiendo los destinos de la Argentina