Fuente: Tiempo Argentino (5-04.2020)
Mientras estamos sobrellevando y sufriendo los costos que impone la pandemia, esta situación tiene que servir para reforzar la idea de que es indispensable un Estado activo, presente, con la gente adentro, es decir, inclusivo. Porque el Estado también está activo cuando desregula. Por eso insisto en agregar “con la gente adentro”, o “inclusivo”, para marcar la diferencia con el Estado desregulador. La inclusión se logra tomando medidas que resuelven los problemas de las mayorías, que ponen límites a la acumulación de capitales sin sentido, que limitan la fuga de divisas, que crean marcos regulatorios y legislativos que protegen a quienes necesitan ser defendidos porque son los más débiles.
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A lo largo de la última semana asistimos a la transformación de un problema sanitario en ciernes en las cárceles en una enorme “fake news”. La discusión sobre políticas para descomprimir la población carcelaria, algo que se aplica en todo el mundo frente a la covid-19 dado que en los penales el aislamiento social es de imposible cumplimiento, fue traducida en un anuncio aterrador sobre la liberación masiva de delincuentes.Comunicadores, medios y dirigentes políticos repitieron frases del estilo “es indignante que salgan los presos a la calle”, “hay malestar por las excarcelaciones” o “existe un plan para liberar presos peligrosos”, que la increíble Felicitas Beccar Varela complementó con una descripción de “patrullas” de “presos liberados” que “amenazan jueces”, “te van patrullando y te van tomando tu capital” (sic).
Durante el siglo XIV, la denominada peste negra se extendió por Asia Menor, Oriente Medio, el norte de Africa y Europa, alcanzando su pico máximo entre 1346 y 1353 con un saldo aproximado de 20 millones de muertes. En algunos estados de la península ibérica, la Santa Inquisición impulsó ciertos protocolos sanitarios que incluían el asalto a las juderías para expulsar a sus habitantes y el aislamiento compulsivo de los infectados, cuyas casas eran señalizadas con enormes cruces blancas pintadas en la puerta.
Lo primero que hicieron algunos ricos en la cuarentena fue despedir trabajadores y bajar salarios. Y patalean cuando se plantea el recurso extremo y extraordinario de que aporten una porción mínima de sus fortunas para afrontar la lucha contra la epidemia. En relación con lo que tienen, lo que se les pide es tan mínimo que no afectaría sus niveles de vida por más faraónicos que fueran. En contrapartida, lo que se les pide serviría para apuntalar una base de la economía para facilitar su recuperación después de la crisis de la pandemia.
Lo venimos diciendo: la Argentina sufre dos pandemias. La producida por el virus y la que ha generado la gestión de Mauricio Macri. En el escenario crítico de ambas pandemias, el gobierno presentó la propuesta de reestructuración de la deuda bajo ley extranjera con los acreedores privados. Se trata de una propuesta sostenible que le permitiría a la Argentina, superada la crisis sanitaria y sus derivaciones económicas, iniciar un sendero de crecimiento sin hipotecar al país ni a los que vivimos en él. Es lo que siempre se dijo: crecer primero para generar los recursos que, a partir de allí, le permitan al país comenzar a pagar.
Con la propuesta presentada por el Ministro de Economía Martín Guzmán a los acreedores privados bajo legislación extranjera, en el año electoral de 2023 la Argentina sólo debería pagar 300 millones de dólares. En una entrevista con El Cohete a la Luna en su despacho sobre la Plaza de Mayo, Guzmán manifestó su apoyo explícito al impuesto sobre las grandes fortunas en el que están trabajando los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller.
Si algo queda claro, en estos días que avanzan en definiciones, es la ratificación de cómo se ubica cada quien en torno de algunos grandes planteos gubernamentales.
