Fuente: El Cohete a la Luna (28-10-2018)
El 1 de agosto de 2018, el diario La Nación publicó la noticia de la detención de un chofer de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión durante el kirchnerismo; del propio Baratta y de múltiples funcionarios del anterior gobierno, junto con varios empresarios. La causa de la detención era una denuncia realizada por Diego Cabot ante el fiscal Stornelli, donde aportó fotocopias e imágenes digitalizadas de una serie de cuadernos escritos por Centeno, el chofer de Baratta, donde daba cuenta de una serie de entregas de dinero ilícitas entre funcionarios y empresarios que se habría llevado adelante entre los años 2008 y 2015.
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Las eternas evasivas del presidente de la Nación ante preguntas concisas y específicas durante conferencias de prensa suelen ser muy molestas. En general, el presidente no se ve en demasiados aprietos durante esos eventos, ya que los comunicadores convocados son rigurosamente chequeados a fin de no correr riesgos de preguntas incomodas para quien, como el ingeniero Macri, no se distingue por su habilidad para responder requerimientos comprometidos.
En la nota 
El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el viernes “la primera revisión del acuerdo stand-by” otorgado inicialmente a la Argentina el 20 de junio. El cumplimiento de esta formalidad le permitirá al gobierno de Mauricio Macri recibir un desembolso de U$S 5.700 millones en los próximos días y otro de U$S 7.700 millones antes de fin de año, un poco más del doble de los fondos que hubiera recibido en el mismo lapso bajo el acuerdo original. A causa de esa aceleración de los desembolsos de 2018, el FMI auditará a nuestro país cada dos meses hasta fin de año.
Quizá haya decidido abjurar de sus largos años como CEO de Aceitera General Deheza (AGD), romper sus sociedades con la multinacional Bunge y renegar de su familia política, la de los archimillonarios Urquía, para sumarse a la entente trosko-jesuita-moyano-kirchnerista que siembra el caos con el fin de obstaculizar la aplicación del plan económico del Fondo Monetario que promete acabar de una buena vez con la inflación, los déficits gemelos y la pobreza. Quizá ese frente único revolucionario antimacrista solo sea un delirio paranoide de los propagandistas del oficialismo y el presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA) simplemente se haya hecho eco de la desesperación de los dueños de fábricas, jaqueados como nunca desde 2001 por la supertasa de interés que fijó el nuevo Banco Central y la implosión del mercado interno que le sobrevino.
El último contacto constatado que el fiscal Alberto Nisman mantuvo con otra persona antes de aparecer muerto en el baño de su casa con un disparo en la cabeza ocurrió a las 21 horas, 18 minutos y 43 segundos del sábado 17 de enero de 2015, un día antes del hallazgo de su cadáver. La hora es importante porque estira cada vez más la certificación de vida y excluye definitivamente la posibilidad de que lo haya matado el informático Diego Lagomarsino. Sin embargo, lo más llamativo es con quién mantuvo ese contacto: Leandro Santos, el empresario dueño de una agencia de modelos publicitarias, investigado en la Argentina y en Uruguay (y de momento desvinculado) por presunta administración de una red de prostitución vip.
