Categoría: Nacionales

Fuente: El Cohete a la Luna     (23-02-2020)

Mientras el FMI evalúa como insostenible el nivel de endeudamiento y el Banco Mundial muestra la evidente correlación entre fuga de capitales y empréstitos soberanos, los fondos buitre se reorganizan.

Durante los dos últimos meses un grupo de 20 fondos titulares de bonos de deuda soberana de Argentina inició un proceso de asociación con el objetivo de litigar contra el país. Dicha congregación de bonistas cuenta con el significativo antecedente del desembolso de 9.300 millones de dólares al contado que realizó el macrismo en abril de 2016, y habilitó un nuevo endeudamiento colosal que hoy alcanza los 332.000 millones, incluyendo la deuda con el FMI.

Uno de los estudios jurídicos encargados de agrupar a los acreedores pertenece a Dennis Hranitzky, quien fuera el encargado de litigar contra la Argentina entre 2006 y 2016, defendiendo los intereses del fondo MNL Elliot Managment de Paul Elliot Singer. Hranitzky fue el creador del Grupo de Tareas contra la Argentina (AFTA, por su sigla en inglés), agrupación que apeló al formato de creative litigation consistente en idear causas paralelas para presionar a sus víctimas. En el caso de la Argentina, el ahora reincidente Hranitzky fue quien abordó personalmente la Fragata Libertad el 2 de octubre de 2012 en el puerto de Tema, en Ghana, munido de una orden de embargo avalada por la Justicia de Estados Unidos y ratificada por los tribunales africanos. La medida, que no logró efectivizarse, pretendía incautar la embarcación con el objeto de ser comercializada a favor de los fondos buitre.

Hranitzky se especializa en representar a especuladores financieros radicados mayormente en guaridas fiscales y dedicados a la adquisición de bonos emitidos por Estados en momentos previos a su default o con certificado de alto riesgo. En el caso de la Argentina, dichos fondos se negaron a aceptar (en 2005 y 2010) la reestructuración de la deuda soberana ofrecida por los gobiernos kirchneristas. El 93% de los acreedores aceptó las propuestas y el 7% se negó a sumarse al acuerdo. Este último pequeño grupo tuvo entre sus litigantes a Hranitzky, quien logró –con la complicidad del macrismo— que los poseedores de bonos basura obtuviesen beneficios que multiplicaron hasta por 20 el capital invertido. Gracias a sus éxitos usurarios el estudio en el que trabajaba el abogado de Elliot fue galardonado en 2016 por la revista The American Lawyer con el premio al Global Dispute of the Year (Caso global del año). Este modelo de trabajo es el que Hranitzky ofrece en la actualidad a sus representados, ante quienes muestra un currículum de litigios exitosos contra 15 países en 4 continentes. La innovación jurídica de los estudios que demandan a favor de los buitres es similar a la contabilidad innovadora que permite a las empresas trasnacionales aumentar la fuga de capitales desde los países subdesarrollados o emergentes. Para ser más eficaces sus planteos, eligen los estrados más compatibles con el tipo de sus denuncias e invierten cientos de miles de dólares para anegar dichos tribunales con peticiones acordes al sentido común legítimo de ciertos magistrados.

Las iniciativas premiadas por The American Lawyer —que seguramente veremos reiterarse en los próximos años— incluyen demandas contra depósitos soberanos. En 2006 el equipo de abogados de AFTA logró confiscar, por un tiempo acotado, 105 millones de dólares depositados por el Banco Central argentino en Nueva York. Dichos recursos tenían como destino el pago de deudas al FMI. En esa misma lógica se generó, a partir de 2013, la operación para demonizar el Memorándum de Entendimiento con Irán mediante la publicación de solicitadas en las que se acusaba a Cristina Kirchner de negarse a pagar las deudas a los buitres y de ser socia del terrorismo internacional. Esta ofensiva incluyó el envío a la entonces Presidenta de cartas cuasi extorsivas, con remitente de legisladores estadounidenses, impulsados y financiados por Paul Singer y Sheldon Adelson.

La labor de Hranitzky abarcó además las demandas contra la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que había suscripto un lanzamiento satelital desde la plataforma Space Exploration Technologies Corp (también conocida como SpaceX), la firma privada de tecnología espacial que es propiedad del empresario Elon Musk. El hostigamiento liderado por Hranitzky se hizo evidente el 11 de septiembre de 2014, cuando se imputó al gobierno argentino estar ligado a la “ruta del dinero K”, con una demanda presentada en la Corte Distrital de Nevada. Esta acusación prologó las posteriores denuncias del operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro, contra Nilda Garré y Máximo Kirchner, a quienes se acusó en marzo de 2015, un año electoral, de ser titulares de cuentas en las Islas Caimán, Delaware e Irán, cosa que cuatro años después se comprobó falsa.

La paradoja de las ofensivas buitre es que en septiembre de 2015 la Asamblea de las Naciones Unidas votó a favor de 9 principios sugeridos por Argentina para evitar que las renegociaciones de deuda sean interferidas por fondos especulativos. Ese consentimiento contó con 136 votos a favor, 6 en contra y 41 abstenciones. Sin embargo, gracias a la sospechosa colaboración del macrismo, los tenedores de bonos usurarios lograron embolsar aquello que la ONU les había negado.

La semana pasada el fondo de inversión Golden Tree convocó a inversionistas para comprar deuda argentina calificada como distressed (estresada), eufemismo que denomina a los papeles basura. Golden Tree administra 32.000 millones de dólares y su portfolio Deeb Salem será el encargado de supervisar la adquisición de bonos nacionales, provinciales y también de deuda corporativa en dificultades (cuya capitalización haya caído lo suficiente para ser comprada por migajas, o que se encuentre directamente al borde de la quiebra).

En la actualidad, Hranitzky se encuentra abocado al estudio de las regulaciones existentes contra los fondos buitre a nivel internacional. Sus socios tienen plena conciencia de que Francia, Reino Unido y Bélgica poseen legislaciones específicas que limitan la usura institucionalizada: el caso de Bélgica quizás sea el que más preocupación genera a sus clientes. En 2008, luego del embargo de fondos de cooperación de Bélgica destinados a la República del Congo, Bruselas aprobó una ley que impide a los buitres cobrar más de lo que han pagado para recomprar papeles de deuda soberana. La norma considera que esta limitación se debe respetar incluso si los bonistas obtuvieron previamente una sentencia judicial a su favor en un tribunal extranjero. Como era de esperar, Hranitzky impugnó la legislación ante el Tribunal Constitucional de Bélgica, pero no tuvo éxito. En Bélgica no hay macristas.

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