Categoría: Nacionales

Fuente: Página 12     (2-09-2018)

El poder somos nosotros. Aunque parezca excesivo, en las últimas semanas ése es el mensaje del aparato judicial, que a través de maniobras denunciadas como extrañas e irregulares ya no sólo pone en la mira al kirchnerismo sino también a Mauricio Macri, a los demás dirigentes políticos, a empresarios y a dirigentes sindicales. Mañana está citada otra vez a indagatoria Cristina Fernández de Kirchner. Antes el juzgado de Claudio Bonadío publicó un informe, que no registra antecedentes, en la web de la  Corte Suprema que depende de  Ricardo Lorenzetti.

Pocos días después, la Cámara de Casación declaró imprescriptibles los delitos de corrupción, asimilándolos a un golpe de estado. Con eso quedaron bajo amenaza todos los dirigentes políticos que hayan pasado o pasen por la administración pública. Y no por un año, dos o cinco, sino por siempre.

En la causa de las fotocopias de los cuadernos, la Justicia amplió sorpresivamente la investigación a los años 2003 a 2008, con lo cual específicamente involucró a Macri y a su padre Franco, señalados por dos de los “arrepentidos”. No los citó de inmediato como hubiera correspondido o como hace con los kirchneristas, pero en la Casa Rosada tomaron nota de que puso a la familia presidencial a tiro. Lo mismo pasa con los empresarios: cita a unos pocos, no les pide dato alguno sobre las licitaciones amañadas y los deja amenazados, en stand by. Los síntomas de ese empoderamiento del aparato judicial se multiplican e incluso están los que piensan que, ante la crisis política, económica y social, el propio Lorenzetti se está proponiendo como una alternativa. En Brasil se habló inicialmente de la candidatura presidencial del juez Sergio Moro, sin ir más lejos. Al final no fue.

Así son las movidas:

1 Cristina

Como ocurre con Brasil con Lula preso, o en Ecuador con Correa perseguido, la maquinaria judicial se alió al establishment empresario y mediático para perseguir a lo que ellos llaman “el populismo”. Mañana a las 11, la ex presidenta concurrirá a una nueva indagatoria en la causa por las fotocopias de los cuadernos. Va camino al quinto procesamiento, siempre por el mismo delito: ser jefa de una asociación ilícita destinada a enriquecerse con la obra pública. No hay un solo “arrepentido” que haya declarado que la vio, que le entregó dinero, que arregló algo con la ex mandataria, pero la Justicia avanza incluso con lo que será un nuevo pedido de desafuero de la senadora. En Brasil la Justicia electoral ya vetó la candidatura de Lula. Aquí el aparato judicial va preparando el juego.

2 La Corte

El juez Bonadío se reunió con el titular de la Corte en forma privada. Lorenzetti recurrió a sus tradicionales voceros para hacer trascender su opinión: “El trabajo que está haciendo el juez es muy bueno para el Poder Judicial”. Se supone que la Corte va a tener que intervenir en el caso. Lorenzetti, entonces, ya adelantó opinión, aunque en forma extraoficial. Una semana más tarde del encuentro se realizó la publicación en la web en la que el juez adelantaba su sospecha de que Cristina y Néstor Kirchner, junto a Julio De Vido, son jefes de una asociación ilícita. El magistrado todavía no lo dijo en un procesamiento, pero lo adelanta en un texto no-oficial y bendecido por la Corte. 

3 Casación

Justito en la misma semana, la Sala IV de la Cámara de Casación se despacha, con los votos de Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, con un fallo según el cual la corrupción es equivalente a un golpe de Estado y por lo tanto se trata de delitos imprescriptibles. La inmensa mayoría de los juristas sostuvo que es una interpretación errónea de la Constitución, sobre todo por parte de camaristas que hace décadas están en la Justicia y nunca dijeron algo semejante. El mensaje es que todos los dirigentes políticos quedarán por siempre en la mira del aparato judicial, pase el tiempo que pase. El Poder Judicial pasa a ser un superpoder.

4 Cámara Federal

El viernes, la Cámara Federal también emitió un fallo inédito. Con los votos de Martín Irurzun –hombre de Lorenzetti– y Mariano Llorens le ordenó al juez Sebastián Casanello que indague a CFK por lavado de dinero porque los camaristas consideran que Lázaro Báez es testaferro de la ex mandataria. El magistrado nunca encontró ninguna evidencia en ese sentido y por lo tanto no imputó a Cristina porque considera que el dinero que Báez se llevó a Suiza no es de CFK sino del propio santacruceño.

Lo cierto es que el juez es quien instruye, no la Cámara, y lo inédito es que le ordenen una medida tan concreta. La jugada muestra otra vez a un superpoder que incluso se impone a jueces.

5 Allanamiento

Durante todo el fin de semana anterior se desarrolló el allanamiento ordenado por la Justicia en El Calafate, y antes en las viviendas de CFK en Río Gallegos y en la calle Juncal, de CABA. En los procedimientos la defensa de la ex presidenta denunció abuso de poder, incluyendo el secuestro de los bastones presidenciales, que son facturados por Juan Carlos Pallarols al Estado Nacional en un peso simbólico. Al final de la jornada, el magistrado se dio cuenta del bochorno y devolvió los bastones.

Dos días antes, también se verificó otra acción denunciada como abuso, cuando el juez ordenó que expulsaran al abogado de CFK, Carlos Beraldi, durante el allanamiento del departamento de la calle Uruguay. El texto del Código Procesal es categórico y la totalidad de los juristas e incluso el Colegio de Abogados sostuvieron que se trató de una exclusión ilegal. La publicación del informe en el sitio oficial de la Corte se produjo justo 24 horas después del allanamiento del departamento. 

6 Extensión

Cinco días después de la publicación del informe en el CIJ, el juez cambió un elemento central del texto: decidió que el período de vigencia de la asociación ilícita de la causa de las fotocopias de los cuadernos ya no era 2008–2015 sino 2003–2015. El cambio tendría su origen en las declaraciones de los “arrepentidos”. Es cierto que no hay ninguna certeza de que hayan dicho la verdad, porque con la amenaza de terminar en un calabozo se los invita a mentir, como señaló el abogado Mariano Cúneo Libarona. El arrepentido Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, dijo que arreglaban las licitaciones entre los empresarios, fijando quién ganaba, a qué precio se hacía la obra, y que a cambio de semejante estafa le pagaban coimas al Ministerio de Planificación. Se trata de la “confesión” del desfalco más grande de la historia argentina. E involucra a la familia presidencial, ya que la constructora Iecsa está entre las señaladas por Wagner en el período ahora extendido por la Justicia.

El otro “confeso” que involucró a los Macri fue Claudio Uberti, ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales. Uberti dijo que cobraba unos 150.000 dólares de coimas, que le entregaba a Julio De Vido y a veces directamente a Néstor Kirchner. No aportó ni una sola prueba. Aun así, está claro que uno de los mayores concesionarios de peajes era Autopista del Sol, en la Panamericana, de la familia presidencial.

La extensión del tiempo de la investigación de la causa de las fotocopias de los cuadernos pone como imputados al presidente Macri y su padre, Franco. Lo cierto es que ni el fiscal ni el juez pidieron la inmediata indagatoria –y mucho menos la detención– del mandatario y su progenitor. Tampoco lo hizo, como correspondería, con Paolo Rocca y la cúpula de Techint, confesa en las coimas. Y ni siquiera le reclamó a Wagner que explique cómo fueron los arreglos en cada obra pública. Por ahora, la maquinaria judicial es aliada de los grandes empresarios y de los grandes medios. El mensaje igualmente es claro: quedan todos bajo amenaza.

7 Moldes

La postura mesiánica quedó expresada el viernes en el dictamen del fiscal general Germán Moldes, apoyando la permanencia del juzgado al frente de la causa de las fotocopias de los cuadernos pese a los cuestionamioentos por el forum-shopping que habrían concretado el fiscal y el juez para quedarse con el expediente. No hay un sólo jurista que sostenga que la causa no debió sortearse o que no correspondía mandársela a otros jueces, con causas anteriores sobre exactamente lo mismo. No obstante, Moldes no se anda con chiquitas. Dictaminó que “la Justicia trata de parir hoy un momento histórico y refundacional”. Por lo tanto, pidió “flexibilidad” a la hora de manejarse con la llamada Ley del Arrepentido. Y remató su dictamen diciendo que “no causa agravio” que un expediente lo trate uno u otro juez federal. Ninguneó a los abogados de los detenidos diciendo que presentaron “un cóctel de planteos judiciales conscientemente insustanciales y sobreactuaciones mediáticas lacrimógenas que, a veces, rozan los lamentables márgenes del ridículo”.

8 Escuchas

Una cuestión poco difundida es lo que está ocurriendo con el aparato de escuchas de llamadas telefónicas, hoy en manos de la Corte Suprema y manejado por uno de los camaristas más involucrados en la política de plantarse como poder alternativo, Martín Irurzun. Según le reveló el diputado Rodolfo Tailhade a este diario, el presupuesto de la DaJuDeCo, Dirección de Captación de Comunicaciones, pasó de 209.866.000 pesos en 2017 a 444.937.000 en 2018. Y el personal se duplicó: de 317 personas escuchando conversaciones pasó a 641. Cuando el aparato de escuchas estaba en manos de la Procuración y lo conducía la fiscal Cristina Caamaño, el total del personal era de 220. De manera que la Corte triplicó la cantidad.

Lo más llamativo es el proyecto presentado para 2019, según la acordada 26/18 emitida el 24. El presupuesto trepa a 2.072.952.545, diez veces más que en 2017 y casi cinco veces más que en 2018. Como se sabe, a la DaJuDeCo se le ampliaron las facultades, extendiéndose también a tareas investigativas. Por ejemplo, un seguimiento. Además, se le dio acceso a los archivos del Estado, entre ellos la Anses o la Afip.

El circuito es completo: la Corte maneja el expediente, a través de su poder sobre los jueces, las Cámaras y la Casación, controla las escuchas y se extiende a las investigaciones. Se planta como un poder sin control.

Desde hace tiempo los juristas brasileños introdujeron la noción  de lawfare, la utilización del poder judicial en política, en especial contra los movimientos populares. En el Palacio de Tribunales y en Comodoro Py se aprestan a jugar en las ligas mayores.