Categoría: Nacionales

Fuente: Página 12    (19-08-2018)

Convierten a los “confesos” en “arrepentidos”; extorsionan con la prisión o la libertad; el que cuenta lo que quieren se va a casa, el que no declara va al calabozo; circulan versiones poco creíbles de los hechos y, al menos por ahora, no se encuentra el cuerpo del delito, es decir, la plata. Esa es la mirada del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, que fue protagonista y testigo de todo el gobierno de Néstor Kirchner y el principio del de Cristina. Conoce de cerca los acontecimientos y da su versión. En diálogo con PáginaI12 destaca que quiere que se investigue, pero piensa que se está perdiendo una gran oportunidad.

–¿Cómo evalúa la investigación hasta ahora? 

–Desde hace muchos años digo que en la economía Argentina hay dos sectores cartelizados: el de la obra pública y el de la salud. Como estoy convencido de ello, me parece fantástico que se investigue. Aún así, desde el primer momento dije que la investigación está en peligro por el modo en que el juez, con la pasividad del fiscal, se la apropió de forma irregular. A partir de ello, se ha desarrollado una indagación en donde a los “confesos” se los protege como “arrepentidos” en la medida que ofrezcan versiones que involucren a ciertas personas y consoliden lo truculento de la historia. Tal vez la declaración de Claudio Uberti sea una muestra de lo dicho.

–¿Por qué?

–Fíjese que es una declaración dividida en dos partes. En la primera parte habla de que él le cobraba coimas a los empresarios de las concesiones viales, de las autopistas. Y hace alguna referencia a que entregaba el dinero en el ministerio. Pero lo impactante es que se corta la declaración y vuelve a declarar después. En esta segunda parte dice que el día de la muerte de Néstor Kirchner había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Juncal. El mismo reconoce que no los vio, pero dice saberlo por comentarios. Se ve que entre una y otra declaración le dijeron “danos más, con esto no te alcanza para zafar de la cárcel. Necesitamos algo más contra Néstor y Cristina”. Y entonces larga lo de los 60 millones de dólares. En ese sentido es una declaración que tiene puntos en común con otras, en especial la del empresario de la Hidrovía, Gabriel Romero: necesitan involucrar a Cristina de alguna manera.

–¿Es creíble lo de Uberti?

–Es muy poco creíble aquello que tiene que ver con ese “agregado” que hizo Uberti. Estoy seguro que habla de ese modo confiando en que los hechos que relata y lo involucran están prescriptos. Pasaron once años desde que Uberti renunció hasta que “confiesa”. El admite que fue un funcionario de cuarta categoría que no tuvo ningún trato con Cristina. La renuncia se la pedí yo en 2007 por lo de la valija de Antonini Wilson. Me cuesta creer que haya entrado al departamento de los Kirchner y mucho menos al dormitorio. Le aclaro que los Kirchner no vivían ahí, vivían en Olivos. Yo me temo que con el método de amenazar con la cárcel, le sacaron alguna frase contra ellos. Y no es inocente lo de los 60 millones de dólares. Esa cifra coincide con lo que dicen que le encontraron al fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en Estados Unidos. O sea quieren vincular todo para poder cerrar así la escenografía. Desde ya que todo lo que dice sobre el maltrato de Kirchner a sus colaboradores es una zoncera. Lo que me asombra de su declaración es cómo dice haber manejado el tema de los empresarios de autopistas.

–¿En qué sentido?

–Según el relato de Uberti, él cobraba coimas de los concesionarios. Nadie ha reparado en que por entonces la principal concesión era la de Autopistas del Sol, Ausol, una empresa en la que Franco Macri y su hijo Mauricio tenían intereses claros. Era accionistas de la sociedad controlante. Algo parecido me pasa cuando leo lo dicho por Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción. Él cuenta cómo las empresas se cartelizaban y armaban las licitaciones y los precios. Dice también que en ese acuerdo participaba Iecsa. En esa época, desde 2004, Iecsa era de los Macri. Recién en 2007 supuestamente se la vendieron a Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio. Esto muestra cómo esconden a algunos supuestos responsables de las maniobras y como exhiben a otros.

Todo parte de un vicio original. Es un caso clarísimo de forum-shopping. Cuando Diego Cabot, de La Nación, cuenta cómo le lleva las cosas a Carlos Stornelli y acuerdan meter los cuadernos en el caso del Gas Natural Licuado (GNL) queda todo en evidencia. Cabot lo cuenta inocentemente, él no es abogado. Pero es revelador de cómo el fiscal y el juez se quedaron con la causa de forma irregular. También me llama la atención que no aparezcan los originales y que se hayan dispuesto tantas detenciones solo manejando fotocopias. Además, nadie está controlando (debería hacerlo el Congreso) los acuerdos que el Fiscal firma con los “arrepentidos”. En esta causa a los “confesos” se los trata como “arrepentidos” para beneficiarlos procesal y penalmente.

–¿Cuál es la diferencia?

–En esta causa el empresario o funcionario llega, confiesa cosas y se va a su casa. Eso no tiene nada que ver con las reglas que establece la Ley del Arrepentido. El arrepentido debe ofrecer un cúmulo de datos que alivie la búsqueda de pruebas. En esta causa no sucede eso. Los acusados confiesan el delito y se van a su casa. Nunca precisan de dónde salió el dinero de las coimas que dicen haber pagado ni especifican claramente dónde, a quiénes y en concepto de qué las pagaron. ¿Por qué con tan poco los tratan con el privilegio con que se trata a un “arrepentido”? Para beneficiar a los que con sus palabras ayudan a montan el escenario que quieren construir. Acá se está usando perversamente el mecanismo del arrepentimiento. Cambian “confesión” por “libertad”. En los diarios el mismo Fiscal ofrece “sortijas” liberadoras para los que confiesan. “Si a mí me conforma lo que dice, se va a su casa” dice sin llamar al asombro a nadie. Esta lógica conduce a consecuencias increíbles. De este modo, el acusado de coimear queda libre solo por “confesar” y el acusado de ser coimeado queda preso por no “arrepentirse”. Es una vergüenza.

–En el caso de la Hidrovía, los diarios titularon con el supuesto pago de 600.000 dólares por el decreto de extensión de la concesión.

–En este caso pasó lo que queda evidente. Le dijeron a Romero (empresario acusado) “no alcanza con que diga que pagó coimas. Necesitamos que impute a Cristina”. Entonces Romero dice que pagó por un decreto que firmó Cristina. Y no vieron de qué se trata ese decreto. En él Cristina no toma una decisión discrecional. Si fuera así tal vez sería posible pensar que se pagó para que esa “discreción” beneficie a alguien. Pero la realidad es que ese decreto solo homologó una decisión de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en la que intervenían funcionarios de los ministerios de Planificación y Economía. Para tomar esa decisión fue necesario llevar adelante uno de los trámites más engorrosos que existe en la administración. Se hicieron audiencias públicas, intervino la Procuración del Tesoro, la Sindicatura General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y también la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas, es decir el Congreso nacional. Se votó en esa comisión el texto del acuerdo, con las observaciones que vinieron de las audiencias y los organismos consultados. De manera que ese decreto no era un acto arbitrario del Poder Ejecutivo. Cristina homologó un acuerdo que fue resuelto previamente. Otra vez, se ve que la quieren involucrar en lo que sea.

–¿Cuánta importancia tiene encontrar el supuesto dinero de las coimas?

–Bueno, es el cuerpo del delito. Los empresarios dijeron cosas distintas. Calcaterra sostuvo que pusieron plata para la campaña electoral. Wagner aseguró que pusieron plata para coimas, pero después dice que para gastos políticos. Ninguno cuenta de dónde salió el dinero. Parece cantado que no sacaron, por ejemplo, 100.000 dólares de la contabilidad para pagar una coima. O sea que supone la existencia de un lavado de dinero que tiene que ser objeto de investigación. ¿De qué delito precedente viene? También podemos hablar de cohecho, que es lo que describe Wagner. Los empresarios se reunían, fijaban quién ganaba cada licitación y a qué precio. Ahí hay defraudación al Estado y cohecho. Pero también Wagner habla de que sus pagos eran para gastos políticos. Y la acusación habla de que la asociación ilícita era para enriquecerse. En medio de tanta confusión, será imperioso establecer la ruta del dinero para dirimir responsabilidades y poder calificar el delito.

–¿Qué puede pasar si no aparece el dinero?

–Todo puede volverse endeble si no se logra probar el destino de semejantes sumas. Habrá que ver qué surge de las declaraciones que se sigan tomando. Tal vez algo aparezca. No lo sé. Pero no siento que estemos por buen camino. Esta es una buena oportunidad para terminar con un flagelo argentino de siempre, que es el flagelo de la obra pública. Se convirtió en un mecanismo de cartelización y enriquecimiento de muchos empresarios y de funcionarios que se corrompieron. Eso se puede terminar haciendo una investigación imparcial y sensata. Le doy un ejemplo. Piense que usted me coimea. Yo me niego a declarar y quedo preso y usted confiesa bajo la forma del arrepentimiento y lo liberan. La realidad es que los dos cometimos el mismo delito en su forma activa o pasiva. ¿Por qué uno está libre y el otro no? Ahí es donde uno observa que la detención se utiliza para presionar a la gente. Nadie aportó nada significativo. Nadie contó dónde está el dinero, de dónde sacaron el dinero. El que habla de bolsas llenas de dinero es un inimputable que cuando manejaba un remise dice haber escrito cuadernos en donde afirma cosas poco sensatas. Ahora, reconozcamos que si tanta gente se está inculpando, algo debe haber pasado. Y hay que investigar. Sucede que esta forma de investigar puede llevar a que todo se frustre. Algunos me dicen que, con esto que digo defiendo a Cristina. La verdad es que no, aunque creo que Cristina no tiene ninguna participación en estas cosas. Pero más allá de lo que yo crea está el deber de investigar como corresponde. Yo no defiendo a Cristina. Defiendo el Estado de Derecho y la necesidad de preservar el debido proceso.

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