Categoría: Nacionales

Fuente: Revista Hamartia   (Marzo 2018)

Resultado de imagen para jorge halperinCuando en 2008 estallaron los primeros cacerolazos contra Cristina Fernández a raíz de la iniciativa de la 125, me llamó la atención que entre insultos y maldiciones pidieran a gritos “prisión” para la presidenta, cuando prácticamente no había causa alguna contra ella, salvo una denuncia de la inefable Elisa Carrió referida a la obra pública..

Juzgué en ese momento que los personajes descontrolados de los cacerolazos eran gente con cultura política autoritaria y narcisista, convencidos de que si alguien no les gusta debe ser encerrado, al margen de que no haya cometido delito alguno.

Pero ese rasgo de barbarie con arrugas y peluca rubia no era, como creí, sólo un producto de demencia senil. Pasada una década, y, cuando esos caceroleros son gobierno, el reclamo desorbitado de prisión ya no es un simple exabrupto de la Plaza sino una estrategia del Poder Judicial adicto a Cambiemos, que fabrica causas contra la ex presidenta y sus referentes de gobierno con una increíble falta de sustento jurídico.

Por una tramposa ingeniería jurídica del juez Martín Irurzún, esta vez el encierro clamado se concreta antes de comprobar la existencia de delito.

Lo relaciono a la experiencia de un reciente mediodía como televidente ocasional de TN: en el estudio de Radio del Plata donde trabajo hay seis televisores encendidos en distintos canales de noticias, y uno no puede sustraerse a la curiosidad de los diversos títulos informativos. Llegué un viernes a las 13 hs y hasta el final del programa que conduce Carlos Polimeni a las 15 hs. la información del cable del Grupo Clarín se ocupó sólo de tres temas: las alternativas de la prisión de Julio De Vido, la causa judicial contra el gremialista Balcedo y las acusaciones contra otro reciente preso kirchnerista, Amado Boudou.

Dos horas ininterrumpidas de TN en las cuales no hubo otra cosa: la agenda que proponen no pasa por alguno de los temas que afectan severamente nuestro escenario político, económico y social (la inflación desbordada, gruesos déficits fiscal y comercial, el dólar en fuerte alza, despidos masivos en el sector público y privado, nuevos tarifazos, reforma previsional negativa para los jubilados). Sólo eran temas las acusaciones de corrupción y las imágenes de políticos presos, siempre, claro está, del kirchnerismo.

El gobierno, la justicia y los medios masivos obturan la percepción de los cambios que el poder viene ejecutando y sus negativas consecuencias para las clases medias y los sectores populares, instalando a los ciudadanos en una imaginaria sociedad del crimen y el castigo, en un falso remedo del Mani pulite italiano.

Así, si todo se explica por la voracidad y el perfil delictivo de los políticos populistas, no hay por qué pensar que la realidad es conflicto y tensiones por la puja de intereses, que cada medida política beneficia a algunos y perjudica a otros y compromete el futuro del país, asunto que, por otra parte, requiere estar informado y disponer de una competencia de lectura mucho más exigente que la que se necesita para devorarse una historia de políticos malos, y diarios y jueces que los descubren y castigan.

El crimen político ocupa el centro de la escena. Pero es el supuesto crimen “de los otros”. En lugar de ideas e información relevante, culpables. Y se persuade de que el bienestar del pueblo depende del combate contra sus enemigos, los corruptos y delincuentes. La vida, según el relato macrista, es persecución y castigo, y el futuro llegará por redención.

Como si aquella frase del inefable Luis Barrionuevo (“Dejemos de robar por dos años y el país andará bien”) se hubiera constituido en un paradigma del cambio soñado.

Más de uno que haya viajado en un taxi escuchó alguna vez el inquietante diagnóstico aquel de “Esto se arregla liquidando a trescientos mil”, sobreentendiendo que hay un número importante de culpables de los males de nuestra nación, que el nuestro es un dilema moral y que sólo saldremos adelante eliminando a los malos.

Desde luego que fue esa la receta que aplicó la feroz dictadura del Proceso, pero su fracaso estruendoso, el hecho de que el presunto justiciero de uniforme se revelara como el más corrupto e inmoral, y las heridas profundas que dejaron llevaron a la democracia a expurgar la fórmula.

Sin embargo, la moralización de la política, la idea de que el esfuerzo central de los ciudadanos debe estar dirigido a perseguir y castigar a los malos, volvió de la mano de un personaje que, llamativamente, fue una funcionaria joven durante el Proceso: Elisa Carrió.

Con la entusiasta colaboración de la Fiscal de la República se despoja cotidianamente de derechos al ciudadano mientras se le administran dósis diarias de Mani pulite a la Argentina.

El problema es que el Mani pulite poco tiene que ver con la forma en que los medios oficialistas argentinos buscan asociarlo a Cambiemos.

Por empezar, el proceso italiano descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a todos los principales grupos políticos del momento y a diversos grupos empresariales e industriales. Existía un contexto político de corrupción, extorsión y financiación ilegal de los partidos políticos. Y pasaron por los tribunales ministros, diputados, senadores, y muchos empresarios, a diferencia del caso argentino en el que se blinda a la mayoría de los empresarios y sólo se persigue a quienes crecieron con el kirchnerismo.

La acción, llevada adelante por los jueces italianos, empezó interpelando al propio gobierno en el poder, no a un gobierno anterior, e involucró a los cinco partidos políticos principales de Italia, no a un único adversario de quien gobierna.

¿Cómo asociar al prestigioso juez Di Pietro, el gran impulsor del Mani pulite, con quien pretenden su “sosías” argentino, el desprolijo juez Claudio Bonadío, apartado de varias causas por irregularidades y denunciado en tantas otras?. ¿Qué decir de tantos otros jueces y fiscales de Comodoro Py, lanzados en cruzada contra el kirchnerismo pero cegados con la venda de la in-justicia para no percibir las innumerables denuncias de corrupción contra miembros del gobierno?.

Y, por último, el gran impulsor del Mani pulite argentino: Mauricio Macri.

En aquellos días del proceso italiano, el 1 y el 3 de julio de 1992, el hoy presidente envió dos transferencias de su cuenta en la Banca della Svizzera Italiana por un total de 54,8 millones de dólares. La transferencia se hizo a la cuenta del BM International Bank and Trust Company Limited, una financiera con sede en New Providence, Bahamas, en el Brown Brothers Herriman & Co, New York.

Lo describió en 2003 el recordado colega Julio Nudler, señalando que “con ese dinero se perfeccionó una operación bursátil que culminó en escándalo y que la Comisión Nacional de Valores calificó como “manipulación”, imponiéndole la máxima sanción prevista, al considerar que se había defraudado la confianza del mercado. Mauricio movió el dinero por indicación de su padre, Franco Macri, quien presidía la firma protagonista del affaire: la automotriz Sevel, de la que Mauricio era director.

Mauricio ya expresó una vez, al retornar de Japón en 2000 tras la victoria intercontinental de Boca Juniors, que deseaba una Argentina sin jueces como los que lo procesaron por contrabando, junto a toda la directiva de Sevel.

Pasó una vida desde entonces y, si no era común, aunque hoy lo parezca, que un empresario dueño de millones llegue a presidente, menos previsible era que pusiera en marcha una persecución implacable de opositores políticos pretextando corrupción quien tiene en su legajo tanto dinero de nula transparencia.

Lejos, lejísimos de significar una moralización de la política, provoca, sin embargo, un envenenamiento de la convivencia, porque instala la sospecha detrás de cada acción de reclamo y porque la persecución y el castigo siempre están dirigidos contra determinados grupos políticos y oculta los delitos de los acusadores. No vacilan en apelar a falsedades y los peores recursos para persuadir de la culpa de sus enemigos.

Pero el clima de “Perseguimos a los ladrones y mafiosos” necesita ser pensado un poco más allá, por los riesgos que entraña de una potencial fascistización de la vida política, persiguiendo y castigando con crueldades como las que vienen sufriendo Milagro Sala o Hector Timermann, y justificando incluso el crímen contra los opositores.

Y en ese clima de “crímen (falso) y castigo (implacable)” hay que identificar a la coalición de poder (alianza gobernante-poder mediático y judicial-instituciones comunitarias-embajadas de EE.UU. e Israel) que cada día se ocupan de inocular el letal veneno para la democracia.