Categoría: Nacionales

Fuente: Nuestras Voces    (11-12-2017)

En el día de ayer se inauguró la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con un discurso de Mauricio Macri en el que –con absoluto desparpajo— afirmó que “estamos convencidos de que el camino es un mundo abierto”, luego de haber impedido el ingreso al país a 64 periodistas, investigadores y referentes de Organizaciones No Gubernamentales de diferentes países del mundo.

La paradójica aseveración fue pronunciada luego de varios altercados diplomáticos sucedidos con cancillerías extranjeras y múltiples cuestionamientos de un amplio marco de asociaciones civiles internacionales, que repudiaron las prohibiciones de acceso a la cumbre impulsadas por las autoridades argentinas.

La frase inaugural de Mauricio Macri fue motivo de sarcasmos entra las delegaciones de varios Estados, sobre todo de aquellos que sufrieron exclusiones de sus ciudadanos.

El gobierno de Ecuador hizo llegar a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana un comunicado oficial en el que “lamenta la decisión de las autoridades migratorias argentinas de deportar a la ciudadana angloecuatoriana Sally Burch, directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (Alai)”, repudiando el hecho de que “pese a todas las gestiones de la cancillería ecuatoriana, finalmente se produjo la deportación” de la citada periodista. Burch es una analista de temáticas de ciudanía virtual y ha sido designada en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la ONU como Coordinadora del Grupo de Trabajo de Contenidos y Temas de Sociedad Civil. Sally Burch, es co-fundadora del proyecto de ALAI, generado por periodistas latinoamericanos que asumen el desafío de informar frente al vacío y la desinformación. En cuatro décadas de historia asumieron “el compromiso de profundizar la democratización de la comunicación como uno de los pilares para la construcción de una democracia con real participación de los actores sociales y movimientos populares que estuvieron históricamente excluidos de este proceso”. En un comunicado distribuido por ALAI luego de la deportación de Burch se manifiesta el “repudio a esta actitud del gobierno de Mauricio Macri, y junto con intelectuales, líderes sociales, artistas y académicos expresa su firme compromiso de seguir trabajando por la democracia y el respeto a los derechos sociales, políticos y humanos en América Latina.

El descontento por las proscripciones de ingreso fue abordado irónicamente por el New York Times (NYT) que reprodujo la justificación de la proscripción como el resultado del espíritu “poco contractivo de los visitantes” interdictos. El propio portavoz de la Organización Mundial de Comercio, Keith Rockwell –imposible de ser confundido como un vandálico activista onegeísta–, fue explícito al expresar que no compartía “la misma perspectiva”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, por su parte, presentó una protesta formal ante la interdicción sufrida por un integrante la ONG Simenpuu, que es financiada casi en su totalidad por el gobierno finés. Simenpuu ejecuta programas en Latinoamérica orientados a cuestionar el latifundio, el monocultivo heredero de la distribución inequitativa de la tierra y las calamidades ambientales generadas por la mega minería. La página web de Simenpuu –relevada por los aviesos analistas de los servicios de contrainteligencia de al AFI (Agencia Federal de Investigaciones) comandada por Gustado Arribas—alcanzó para decretar la proscripción del ingreso de sus referentes, hecho que fue superado gracias al intervención de la cancillería finlandesa.

El caso del activista Petter Tiltand se transformó, sin embargo, en el incordio diplomático internacional que mayor trascendencia generó, gracias básicamente a las contradicciones evidenciadas por la cartera guiada por el ministro Jorge Faurie, quién inicialmente deportó al activista noruego a Brasil y que luego debió aceptar su reingreso, sucedido en el día de ayer. Petter Titland, presidente de la ONG AttacNorge, lidera la entidad que logró repatriar miles de millones de dólares fugados de Noruega a paraísos fiscales, y brega por la imposición de la tasa Tobin a los capitales financieros, como mecanismo para limitar la volatilidad de los mercados. La tasa Tobin –nominada de esa manera en homenaje al economista estadounidense fallecido el 11 de marzo de 2002, sugiere la introducción de un gravamen de un medio por ciento, a todas las operaciones a nivel internacional, motivadas para limitar las “burbujas especulativas” y favorecer la economía productiva. La propuesta de ATTAC sostenida por Petter Titland no pareció ser del agrado del gobierno argentino. De hecho, una vez conocida su expulsión, una catarata de “trolls” comandados desde la jefatura de gabinete de ministros, se encargó de asociar a Titland con convocatorias a la violencia callejera y sucesos de violencia inexistentes.

Las consultas hechas por la cancillería al Ministerio de Hacienda, comandado por Nicolás Dujovne, catalogaron la labor de ATTAC como literalmente perturbadora y “contraria a la política argentina de promoción de inversiones”. Las razones enunciadas por Hacienda fueron suficientes para elaborar una orden de interdicción aeroportuaria, que 48 horas después de envidad se trasmutó en su contraorden. La organización dirigida por Titland en Noruega es una de las que participaron en la creación del Foro Social Mundial en 2001 y el Foro Social Europeo en 2002 y ha logrado la repatriación de casi 90 mil millones de dólares a Noruega, que habían sido el producto de la fuga de capitales.

La zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se desarrollan la mayoría de los cónclaves incluyó un dispositivo de seguridad poco homologable al “mundo abierto” sugerido por Macri en la apertura de la Cumbre. De hecho, los visitantes y ciudadanos motivados en la participación de los encuentros debieron registrar sus huellas dactilares ante el personal de la Prefectura Naval Argentina, constituido en el organismo de seguridad encargado de vigilar e impedir el acceso a la zona de Puerto Madero. Varias de las delegaciones de los 164 países participantes tuitearon –en diversos idiomas– su percepción de sentirse en un país militarizado, en el que se les dificultaba el contacto con actores ajenos a la Cumbre. Los integrantes de ATTAC-France, Genevieve Azam, Christophe Aguitton e Isabelle Bourboulon dejaron entrever, luego de ingresar al país, su sensación de “control gubernamental, policial y parapolicial” sobre los integrantes de las distintas ONGs visitantes.

La grandilocuente convocatoria a un “mundo abierto” aludida por Mauricio Macri fue contrastada por el propio canciller argentino, quien se mostró escéptico sobre los alcances ce la Cumbre, dejando entrever los efectos aislacionistas provocados por el neoproteccionismo estadounidense, el Brexit y el giro fascista y xenofóbico de varios estados europeos. La “apertura” neoliberal –como siempre ha sucedido con su procedencia de “mano invisible”— pretende dar la bienvenida exclusiva a las inversiones y a los acuerdos beneficiosos para las trasnacionales y las elites locales, socias potencialmente lucrativas de esos arribos. Según Isabel Tamarit, portavoz de Oxean, la ONG que promueve relaciones económicas internacionales más equitativas, la liberalización emprendida por la OMC –y sus sucedánea, la que se encuentra en tratativas entre el MERCOSUR y la Unión Europea– se convertirán sin dudas “en un obstáculo para las políticas de desarrollo que enfrentan la pobreza, la desigualdad y la defensa  de los derechos humanos”.

La evidencia de esta conclusión queda expuesta en la negativa a aceptar todo tipo de cuestionamiento basado en propuestas más acordes a modelos integrados de desarrollo: la “apertura” neoliberal privilegia a las trasnacionales, al mercado financiero y a los inversores asociados a las actividades extractivistas, o a aquellas orientadas a la exportación de materias primas. Quienes se oponen a la degradación de los suelos y a la regulación financiera y/o ambiental son catalogados de violentos. Son maltratados y/o deportados. La razón encubierta del escándalo internacional desatado por el gobierno de Macri deba buscarse en los objetivos explícitos de quienes fueron expulsados y demorados: el análisis de los flujos de divisas no tributadas, la regulación (y el análisis del origen) de las grandes fortunas, la lógica de conformación y sobrevivencia de los paraísos fiscales y la investigación periodística que batalla por develar los secretos mafiosos de las oligarquías internacionales. Para el resto, para los migrantes, los refugiados e incluso para los pueblos originarios de la tierra latinoamericana, la apertura puede traducirse en el ingreso a una cárcel o al territorio desolado de una persecución de la gendarmería. Lo que Macri denomina “apertura” es solo para pocos. Únicamente para los poderosos. O sea, para ellos.