Categoría: Nacionales

Fuente: Revista Zoom    (25-10-2017)

Envalentonada por su victoria en las urnas, Elisa Carrió, la vaca sagrada de la alianza Cambiemos, se apuró en arrancarse el bozal que oportunamente le había colocado el equipo de campaña, para insistir: “Yo no me arrepiento de lo que digo”, y acusó a los familiares de Santiago Maldonado de “construir un desaparecido”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a su vez silenciada por expresa orden presidencial, supo expresarse a hurtadillas al respecto con un “me gusta” en el tuit de una tal @Eugeniamorocha, que exigía al hermano de la víctima un pedido de disculpas por acusar del hecho a los gendarmes.

Lo cierto es que cavernícolas de toda laya, y también trolls en idílica armonía con opinadores televisivos y editorialistas de los diarios más influyentes del país, se permitieron pareceres semejantes. En cambio, más mesurado se exhibió el ministro de Justicia, Germán Garavano, al señalar: “Escuchamos la conclusión del juez y los peritos sobre la ausencia de lesiones. Eso despeja muchas cosas; pone en crisis muchos testimonios que dijeron que hubo golpes y lesiones”. Un desvío “gradualista” de la culpa hacia la comunidad mapuche, matizada por una hipótesis tan previsible como disparatada: la “muerte accidental” en medio de un ataque represivo atroz y desaforado. Un dislate sólo comparable a suponer que alguien puede congelarse en un incendio.
 
No hay dudas de que esta tormenta conceptual está enlazada por los enigmas que rodearon el hallazgo del cuerpo de Santiago, cuyas circunstancias alientan la idea de una “aparición forzada”.

Su melodía de fondo tuvo el preludio de un artículo publicado el 19 de octubre por el diario Clarín, con la firma del inefable Claudio Andrade, y el siguiente título: “La pelea interna mapuche fue clave para encontrar el cuerpo en el río Chubut”. Y en la bajada señala: “Un sector más moderado decidió avisarle al juez que lo habían (sic) observado en el agua”. Fue el prolegómeno para presentar en sociedad al “Testigo E”, personaje que animaría las entregas posteriores del citado periodista. Y con un eje preciso que el propio Andrade explica sin rodeos: “Uno de los testigos clave del caso de Santiago Maldonado habría reconocido que mintió respecto de su primera versión donde indicaba como responsables de la desaparición del joven a Gendarmería Nacional. En su nuevo testimonio dejaría entender que él perdió de vista al artesano después de haber intentado sin éxito ayudarlo a cruzar el río”. Andrade, un verdadero campeón del tiempo potencial, también adujo en la misma nota que el Poder Ejecutivo ya consideraba la posibilidad de concederle al misterioso declarante los dos millones de pesos ofrecidos como recompensa por brindar datos para dar con Santiago. Ese texto está fechado el mismo día de su autopsia.
 
Ya se sabe que ese viernes el juez Gustavo Lleral emergió de la morgue del Cuerpo Médico Forense con una revelación en la boca: “No hay lesiones en el cuerpo”. Lo dijo sin añadir que ello de ningún modo diluía la condición criminal de tal muerte. Quizás su parquedad haya tenido el loable propósito de no enturbiar las elecciones del domingo. Pero aquella frase había caído sobre millones de almas con el mismo peso que una gigantesca roca en el océano. En ese instante, el fantasma del “Testigo E” ya revoloteaba en el ambiente.
 
No obstante, Lleral demoró casi cuatro días en desmentir su presunta contribución en el hallazgo del cuerpo de Santiago. Entrevistado por el diario Página/12 y Cadena del Sur, el juez fue rotundo: “No declaró ningún ‘testigo E’ ni de ninguna otra letra del abecedario. Tampoco recibí ningún dato certero para hacer el rastrillaje. Si hubiese tenido un dato certero no habría puesto en riesgo a los bomberos ni los prefectos, lo habría ido a buscar directamente”. Y calificó de “ridículo” el tema de la recompensa.

Según sus dichos, la resolución del rastrillaje se tomó en base a una recomendación de un informe de Prefectura y fue plasmada en una resolución del 13 de octubre. “Yo tomé la determinación de hacer el rastrillaje desde el puesto viejo”, indicó. Y también dijo que el expediente aún está centrado en una pesquisa por “desaparición forzada”.
 
Eso significa que más temprano que tarde deberá instrumentar al menos dos medidas pendientes: el cruce de los llamados telefónicos del sinuoso jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y el allanamiento del casco de la estancia del magnate italiano Luciano Benetton.
 
Desde una perspectiva más global, los resultados de esta pesquisa dirán si rige o no el Estado de derecho en Argentina.