Categoría: Nacionales

Fuente: Clarín      (10-05-2017)

AMIA: por sospechas sobre la AFI, piden no aplicar un decreto sobre archivos de inteligenciaLa Asociación por el Esclarecimiento Impune de la Masacre de la AMIA (APEMIA) le pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral una medida cautelar que impida aplicar un reciente decreto presidencial sobre los archivos de inteligencia existentes sobre el atentado de 1994, y que finalmente declare la inconstitucionalidad de tres de sus artículos. Se trata del decreto 229/2017 firmado por el presidente Mauricio Macri el mes pasado y de los artículos 2, 3 y 7 del mismo.

La entidad encabezada por Laura Ginsberg pidió al juez que adopte esa medida cautelar "inaudita parte", es decir sin notificar previamente a los organismos afectados.

APEMIA pretende que Canicoba Corral ordene a esos organismos que "se abstengan de implementar" lo dispuesto en el decreto "hasta que en esta causa se resuelva el fondo de la cuestión planteada". Los encargados de la implementación son el Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, la Unidad Especial de Investigación dependiente de esa cartera sobre el atentado y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo duramente cuestionado en la presentación judicial.

"En efecto, si el Decreto que aquí se impugna pone los archivos a disposición de la UEI-Ministerio de Justicia, integrado por la AFI, donde actualmente siguen trabajando agentes que intervinieron directamente en la cuestionada investigación del atentado a la AMIA, es evidente el riesgo que corre dicho material", sostuvo el escrito de APEMIA dejado en el juzgado a cargo de Canicoba Corral.

"A eso debemos sumar que ya se ha destruido o desaparecido prueba que estaba en manos de la SIDE y que podría haber resultado de mucha utilidad para el descubrimiento de la verdad y de los responsables del crimen mismo", añadió el texto en referencia al organismo antecesor de la AFI.

APEMIA denunció que el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) que ya funcionaba dentro de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa AMIA, dependiente de la Procuración General de la Nación, sufrió restricciones a su labor por parte de la AFI en abril pasado.

"Resulta evidente que el Decreto cuestionado avasalla la independencia del Ministerio Público, afecta la independencia del Poder Judicial y sustrae de hecho la prueba fundamental de una causa penal de la magnitud de la causa AMIA", señaló la presentación, a la que Clarín tuvo acceso.

"Los archivos de la SIDE fueron requeridos histórica y únicamente por esta parte (APEMIA) y el Decreto 229/17 los pone nuevamente en manos de organismos dependientes directamente del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial; organismos que desde siempre los han ocultado, manipulado e incluso destruido", se quejó la entidad encabezada por Ginsberg.