Categoría: Nacionales

Fuente: Buenos Aires Económico     (09-10-2009) 

 Durante su reciente visita a Washington alguien debe haberle señalado al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, el célebre edificio Watergate que –aunque Macri no lo sepa–, fue el escenario de un escándalo de espionaje que le costó la presidencia a Richard Nixon. Y mientras continúa su gira estadounidense, se acrecienta el riesgo de que el jefe de Gobierno porteño  se convierta en el personaje central de un escándalo de espionaje que será bautizado como el Macrigate. La detención de Ciro Gerardo James, un ex policía federal que ahora revista en el Ministerio de Seguridad porteño, ha puesto al descubierto la trama de un servicio de espionaje macrista que permanecía semioculta entre los pliegues de la nueva policía metropolitana y el Ministerio de Seguridad conducido por Guillermo Montenegro.

Tras la vergonzosa renuncia del cuestionado Jorge “Fino” Palacios y su procesamiento por el encubrimiento del atentado contra la AMIA, al gobierno de Macri le ha estallado el escándalo de las escuchas ilegales contra el empresario Carlos Ávila y contra Sergio Burstein, el integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA que más abiertamente había cuestionado el nombramiento de Palacios. Sin embargo, es imposible comprender la verdadera dimensión del escándalo que ahora envuelve a Macri si no se tiene en cuenta que  Burstein no era el verdadero blanco del espionaje, ya que su teléfono podría haber sido pinchado de manera ilegal como lo son cientos de otros. El hecho que se realizara una pinchadura judicial únicamente al celular que Burstein usaba para tratar temas vinculados con la causa AMIA, indica que el verdadero blanco de la maniobra ilegal era el fiscal Alberto Nisman y que el objetivo era conseguir evidencia para recusarlo.Esta perspectiva refuerza la tesis del propio Nisman quien ha apelado el procesamiento de Jorge “Fino” Palacios, Carlos y Munir Menem, y Hugo Anzorreguy solicitando la prisión preventiva de los procesados porque tienen capacidad para seguir obstruyendo la investigación del caso AMIA, tal como lo demuestra el armado de una causa en Misiones para conseguir el apartamiento de  Nisman.“Investigaciones”, “Operaciones especiales”, “Inteligencia criminal”. Alrededor de esos tres conceptos gira el marco doctrinario que el eyectado Palacios y su delfín Chamorro imaginaron para la Policía Metropolitana. Se trata de crear una especie de guardia pretoriana que –entre otras cosas– disponga de un servicio de espionaje autónomo de todo tipo de control institucional. La edición del pasado domingo de Miradas al Sur reveló que en las lúgubres suites del cuarto piso del Hotel Savoy –que es propiedad de Luis Barrionuevo– funciona una central de espionaje del Gobierno de la Ciudad que está dirigida por Miguel Ángel Toma, ex titular de la SIDE durante el gobierno de Eduardo Duhalde y que ahora trabaja bajo las órdenes de Macri. El manejo operativo del búnker montado por Toma en el Savoy está a cargo del comisario inspector retirado de la Policía Federal Carlos Alberto Sablich, quien fue jefe de Delitos Complejos de la Federal hasta el 2004, momento en que decidió renunciar porque se le reabrió una causa por apremios ilegales contra los secuestradores de Mauricio Macri. Una tibia y ambigua desmentida de Toma no ha hecho más que confirmar los datos aportados en la investigación.
Además de las pinchaduras a los teléfonos de Sergio Burstein y Carlos Avila, hay otra serie de delicadas cuestiones que el ministerio a cargo de Montenegro no puede explicar: la compra de un número no determinando de sofisticados equipos portátiles para captar todo tipo de comunicaciones que están siendo utilizadas para espiar a opositores pero también a sus propios funcionarios.A pesar de los reclamos de la oposición, Montenegro se resiste a explicar para qué autorizó la compra de 36 móviles “no identificados” para integrar la flota de la policía metropolitana. En la Legislatura porteña existe la sospecha que esos móviles serán utilizados para actividades de espionaje como el que viene sufriendo el legislador Eduardo Epsteyn.Paralelamente, Montenegro continúa efectuando compras sin llamado a licitación que tienen un poderoso tufo a sobreprecios y amiguismo. Uno de los muchos beneficiarios de esas compras es justamente el empresario textil Alberto Kanoore Edul, quien proveyó los uniformes para la fuerza que comandaba Palacios, el hombre que ahora está procesado por haber encubierto justamente la presunta participación de Kanoore Edul en el atentado a la AMIA.Entre el Watergate de Nixon y el Macrigate argentino hay más de un paralelismo: los responsables del Watergate habían sido altos jefes de la CIA en guerras sucias contra otros países. En el caso argentino, los responsables del Macrigate han sido altos jefes de la SIDE y la Policía Federal que obtuvieron sus galones en la época del terrorismo de Estado. Ni en el Watergate ni en el Macrigate hubo limitaciones de dinero para pagar a los espías o para adquirir el material técnico necesario.

El escritor Norman Mailer definió el Watergate como “una de las operaciones de mayor alcance en la historia del espionaje político interno en los Estados Unidos, pero realizado por el peor de los equipos de espías”. Lo mismo podría decirse de su versión porteña.