Categoría: Nacionales

Fuente: Revista Convergencia N° 35

 El Observatorio de la Justicia Argentina (OBSERVA)**, creado con el objeto de contribuir a la construcción de un poder judicial integrado por magistrados imparciales, honestos, comprometidos con los derechos y garantías constitucionales, conocedores de la realidad sobre la que deben actuar y con una clara sensibilidad social, ha publicado un importante documento, en el que señala que es indispensable la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación, dada la falta de equilibrio entre los distintos estamentos que lo componen, lo cual violenta lo dispuesto por el Art. 114 de la Constitución Nacional, que ordena “procurar el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.

El diccionario de la Real Academia define “equilibrio” como: “peso que es igual a otro y lo contrarresta”; y “equilibrar”: “disponer y hacer que una cosa no exceda ni supere a otra, manteniéndolas proporcionalmente iguales”. El maestro Bidart Campos alertaba que el “equilibrio quedaría roto si por la cantidad de miembros de los órganos políticos de origen popular quedara a merced de ellos una predominancia que neutralizara la representación de los jueces y de los abogados”. Es evidente el desequilibrio del órgano actual de 13 miembros, con 7 representantes político partidarios, 3 jueces y 2 abogados.

Conviene recordar que el 27/5/2004, el presidente Kirchner envió al Parlamento un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que instituía un número menor de miembros (doce), pero respetando el equilibrio que ordena la Carta Magna fijaba la representación paritaria de políticos, jueces y abogados (tres cada sector). Además, incluía un representante del Ejecutivo y dos académicos. Recogiendo la experiencia funcional, establecía la participación en el Consejo de representantes del Congreso Nacional, no legisladores, elegidos por una mayoría especial entre “juristas de reconocido prestigio y con especial dedicación en la materia judicial”, sometidos previamente a la consulta “a organizaciones de relevancia en el ámbito judicial, profesional, académico y de los derechos humanos”. El proyecto, tal vez opinable en aspectos puntuales, estaba en línea con las políticas orientadas a la independencia del Poder Judicial, la transparencia en sus procedimientos y su indispensable relegitimación a los ojos de una sociedad harta de injusticia y corrupción, seguidas inicialmente por el presidente Kirchner (obtención del desplazamiento de ministros de la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el criterio de  selección de sus reemplazantes y su amplio control público, y la autolimitación para la designación de otros magistrados plasmada en los decretos 222 y 558/03). Para explicarnos el abandono de ese proyecto solo nos aparecen los usos y costumbres de la vieja política, ya que el Presidente no tenía mayoría en el Congreso. Después de las elecciones en las que la obtuvo, incurrió en el error de abandonar el buen camino, y producir la reforma que otorgó al partido oficialista, no la mayoría, pero si poder de veto en la formación de ternas y la acusación de magistrados.

Ese proyecto podría ser una buena base para resolver las graves falencias de funcionamiento e incumplimiento de los objetivos constitucionales del organismo, uno de cuyos motivos es que los legisladores, condicionados por la agenda parlamentaria y su actividad partidaria, traban la regularidad de las reuniones de comisiones y del Plenario, y con sus votos sometidos a la disciplina de su fuerza política, contrarían el objetivo de una justicia independiente, y le restan tiempo a la función para la que fueron electos. El otro es que la tradicional conjunción del espíritu corporativo protector de sus pares de los representantes de los jueces, la decisión política de los legisladores y el representante del PEN, sin excluir, en más de una ocasión, el acompañamiento de abogados y académicos, por compromisos personales, intercambio de favores, influencias o convicciones de diverso tipo, que frustran la mayor parte de acusaciones contra magistrados imputados con semiplena prueba de graves casos de mal desempeño.

La Comisión de Acusación tenía, al 12 de junio de 2009, en trámite 159 expedientes. 3 de ellos fueron iniciadas en el año 2003, 2 en el año 2004, 11 en el año 2005, 1 en 2006, 27 en 2007, 63 en 2008, sin que la mora en resolverlos tuviera ninguna justificación. Es muy grave para la sociedad que un juez imparta justicia mientras es cuestionado, tanto si es inocente como si no lo es, ya que genera incertidumbre en los justiciables cuyas causas sigan siendo dirimidas en ese juzgado, y es un elemento de intranquilidad y cuestionamiento social para el juez. Por eso los procedimientos de instrucción deben ser efectivos, precisos, con plazos determinados, y sanción para el consejero que no los cumpla.

Las fallas de funcionamiento del Consejo son responsabilidad tanto de legisladores oficialistas como opositores, jueces, abogados y académicos, por acción u omisión, en mayor o menor medida. Ninguno se ha diferenciado ni reclamado, y son causantes de la frustración de los funcionarios y empleados que ponen todo su empeño y capacidad para cumplir su labor.

Una reforma debería:

 
  1. Ampliar la definición del perfil de juez que se pretende, incluyendo el conocimiento de la realidad socio-política-económica y cultural de la región de su competencia y sensibilidad social, y diseñando la prueba de oposición y la entrevista personal, especialmente para saber qué piensan acerca del derecho, la política, la moral, la sociedad, la economía y la vida, los candidatos a jueces.
  2. Insertar reglas que agilicen el procedimiento de disciplina y acusación, evitando la transformación de la acusación propia de la naturaleza del juicio político en la de una causa penal;
  3. Todos los consejeros deberían tener dedicación plena a su función;
  4. Creación de un cuerpo de jueces volantes, que actúen como subrogantes en cada caso de vacancia temporaria o absoluta; en tanto se realicen los concursos para ello, formar un listado con los ternados remitidos por el Consejo al Poder Ejecutivo, y no elegidos por éste, para que éste, excluyendo aquellos que hubiesen sido cuestionados por razones valederas, requiera un acuerdo del Senado, para actuar como jueces subrogantes.
  5. Establecer las obligaciones de los consejeros, las causales de sanción y remoción, de modo igualitario cualesquiera sea su representación, el órgano de enjuiciamiento y el procedimiento aplicable.
  6. Garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a la magistratura de abogados y funcionarios judiciales, nulificando disposiciones reglamentarias que la desnaturalicen.
 

Desde luego estas propuestas deben ser ampliadas y mejoradas. La sociedad reclama que la justicia sea la virtud cardinal de las instituciones públicas y se indigna cuando no es así, tal como aconteció durante las jornadas del 20 y 21 de diciembre de 2001, y en un extenso período posterior, en el que la consigna “que se vayan todos” incluyó expresamente en primer plano la exigencia del enjuiciamiento de los miembros de la Corte Suprema.

La democracia implica “igualdad de todos ante la ley, visibilidad, publicidad, control sobre -y responsabilidad de- las funciones publicas, ausencia de poderes ocultos, de dobles verdades, de Estados dobles, de dobles códigos de comportamiento, de dobles niveles de acción política y administrativa. (Luigi Ferrajoli).

La creación del Consejo de la Magistratura por la reforma de la Constitución Nacional de 1994, se generó una importante expectativa en la sociedad, pues parecía un medio que serviría para poner fin a la práctica corrupta de las cúpulas de los partidos políticos mayoritarios en la designación de jueces amigos, y a la impunidad del mal desempeño de una parte de ellos. Sin embargo el cambio es cada vez más cosmético, ya que aparecen demoras y arbitrariedades en el trámite de los concursos tendientes a favorecer a determinados candidatos para ser incluidos en las ternas, y finalmente el Poder Ejecutivo decide a su antojo, sin sujetarse al orden de méritos, el postulante para el cual requerirá el acuerdo del Senado.

Sin embargo, aun con los condicionamientos actualmente impuestos, este órgano es una mejora con relación al pasado, que puede ampliarse si se logra que los resultados de los concursos no sean distorsionados, que se efectivice la función disciplinaria y se recupere la administración de los recursos presupuestarios destinándolos adecuadamente.

Para alcanzar la transparencia y la idoneidad, la firmeza, la consecuencia, y la autonomía de los consejeros respecto de la política partidista y de la “corporación judicial”, son indispensables, pero insuficientes. Es una ingenuidad pensar que sus buenos “argumentos” lograrán modificar las posiciones corporativas y las presiones de otros fuertes intereses externos. Para enfrentarlos, ineludiblemente deben articular su actuación dentro del Consejo con las instituciones representativas de la abogacía, la magistratura, de los funcionarios y empleados judiciales y las organizaciones sociales, estimulando su movilización y sirviéndoles de caja de resonancia. Los problemas de la administración de justicia son una cuestión vital de la sociedad toda, que clama por una correcta selección de jueces, y un control disciplinario ponderado y ecuánime, pero inflexible, para que sólo los más idóneos ejerzan el alto cometido de administrar justicia. 

*Presidente del Observatorio de la Justicia Argentina

**Para una información amplia de la composición, declaraciones y actividades del observatorio ingresar en www.observajusticia.org