Categoría: Nacionales

Fuente: Revista Convergencia N° 35

 Los comicios de medio término que han tenido lugar el 28 de junio pasado para renovar una parte del parlamento argentino, contienda electoral que el ex presidente, que no se ha retirado de la vida política e interviene fácticamente en todas las decisiones que implementa el actual gobierno, encaró con visión apocalíptica al afirmar que, si no se producía el triunfo oficialista, sobrevendría el caos, pusieron en evidencia el alto grado de hastío alcanzado por la sociedad argentina, traducido en un rotundo rechazo popular hacia una actitud autoritaria, discrecional y maniquea.

Una política instalada en estos seis años y medio de gobierno que muestran el evidente deterioro institucional en la que ha ido cayendo gradualmente esta debilitada democracia argentina, que tanto sacrificio y dolor ha costado reconquistar.

Las modernas democracias que se instalaron en Europa en el siglo pasado, especialmente las que sufrieron durísimas dictaduras, como nuestra tan cercana España, pudo en 1977, en momentos de emergencia económica y social, reunir a dialogar y consensuar a Adolfo Suárez, jefe del provisorio gobierno español y los principales partidos con representación parlamentaria, junto con asociaciones empresariales y sindicales, con el objetivo de lograr la estabilización del proceso de transición del estado español hacia un sistema democrático. En  una misma mesa estuvieron sentados y discutiendo, Santiago Carrillo del comunismo, Felipe González del Partido Socialista Obrero Español, el mismo Adolfo Suárez, referente principal además de un partido de centro (UCD), dirigentes de agrupaciones socialistas regionales, líderes de distintas orientaciones sindicales (UGT, CC.OO., CNT), dirigentes del nacionalismo vasco y hasta el otrora alto funcionario franquista Fraga Iribarne, fundador del actual Partido Popular.

De aquí surgió el Pacto de la Moncloa, que si bien no conformó plenamente las diversas posturas vertidas por las distintas fuerzas políticas y sociales intervinientes, su texto definitivo, finalmente aprobado, constituyó la columna vertebral de la nueva democracia española. España, luego de un oscuro período de cuarenta años de férrea dictadura franquista y de aislamiento internacional, se integraba al mundo ingresando como miembro pleno de la Comunidad Económica Europea, acontecimiento que posibilitó un notable desarrollo económico y social y una visible modernización del país.

No es este el ejemplo que ha seguido la Argentina en estos 26 años de una frágil democracia, donde la dirigencia política y social nunca supo estar a la altura de las duras circunstancias que le tocó vivir a la sociedad argentina. En este interregno, el alto grado de sistémica corrupción que supo instalarse en distintas áreas de la actividad pública con el impune accionar de funcionarios, dirigentes sindicales y empresarios, siempre logró imponer su rol pernicioso en el quehacer cotidiano nacional.

En otro orden de cosas la división de poderes que garantiza expresamente nuestra Constitución Nacional, fueron sistemáticamente desconocidos por los mandantes de turno, especialmente en estas dos últimas décadas de la vida nacional, donde los decretos de necesidad y urgencia superaron holgadamente la promulgación de leyes en un Congreso que gradualmente ha ido delegando sus atribuciones al ejecutivo, transformándose en un poder inexistente en cuyo recinto se aprueba, en el mejor de los casos y por una alineada mayoría oficialista, todos los proyectos de leyes enviados desde la presidencia. Una función que sus integrantes cumplen a veces sin siquiera leer detenidamente los proyectos presentados, como lo fue el reciente voto de la ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras, sobre la suspensión de las retenciones en las zonas afectadas por la sequía de la provincia de Buenos Aires, que luego vetó el ejecutivo.

En otro orden de cosas y hablando del tercer poder, el Judicial, también se han producido cambios que afectan la imprescindible autonomía en que se debe desenvolver la justicia en nuestro país, para garantizar los derechos esenciales de nuestra ciudadanía. Salvo el positivo cambio en la integración de la Suprema Corte, producido en los inicios de la gestión del ex presidente, reemplazando la otrora composición de la Corte con “mayoría automática” instrumentada en la gestión menemista, por incuestionables y reconocidas personalidades en el campo jurídico, en la actualidad todos los  jueces y fiscales responsables en impartir justicia en el país, están  condicionados en su accionar por el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Organismo creado con la reforma constitucional de 1994 y cuyo objetivo inicial fue separar de la política la designación y remoción de jueces, acto que anteriormente estaba en manos del Presidente y el Congreso de la Nación.

Un objetivo vigente en las democracias occidentales -Francia, Italia, España, etc.- donde ningún legislador integra el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el artículo 114 de la nueva Constitución admitía la presencia de algunos representantes políticos, pero su número se equilibraba con jueces, abogados y académicos.

La ley sancionada en 2006 rompió ese equilibrio: hoy, sobre 13 miembros, 7 son políticos. La violación del artículo 114 resulta evidente. Pero el tema se agrava porqué el oficialismo (el actual y los futuros) con sus 5 miembros (4 legisladores y el delegado del Presidente) puede impedir la designación de quien ganó el concurso de aspirante a juez y así evitar que alguien manifiestamente independiente ocupe un juzgado donde se sustancian causas de corrupción, y también puede impedir que un juez que no actuó correctamente sea suspendido o sometido a juicio político, a cambio, por ejemplo, de favores electorales o la paralización de una causa que comprometa a funcionarios. Un Consejo que condiciona la actuación autónoma de jueces y fiscales que prefieren juzgar a funcionarios corruptos, recién cuando éstos son desplazados de sus cargos, por haber perdido el favor oficial.Estas graves falencias en el funcionamiento institucional deforman la propia concepción republicana del país, garantizada escrupulosamente por nuestra Constitución Nacional y que no tendría que ser soslayada por ningún gobierno que se tilde de democrático. Avance institucional, que la presidenta prometió mejorar en su discurso preelectoral, pero que lamentablemente no está ocurriendo. Los organismos de control público como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoria General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina de Anticorrupción (AO) carecen de la autonomía imprescindible para sus funciones o están a cargo de funcionarios estrechamente vinculados con el poder lo que pone en duda su prescindencia. Un problema grave constituye la intervención estatal al INDEC, que desde febrero del 2007 unida con el desplazamiento de importantes funcionarios de vasta experiencia y jerarquía profesional, fue llevada a cabo con el fin de manipular cifras de una inflación que no refleja la realmente más alta que padece el consumidor. Cifras que, mes tras mes, da a conocer, un organismo que debería ser la cabeza del Sistema Estadístico Nacional, pero que ya no dispone de la imprescindible autonomía y credibilidad, tanto en el orden nacional e internacional, afectando duramente la inversión tan necesaria para un crecimiento sostenible. En el orden social son cifras que no son tenidas en cuenta por las organizaciones sindicales, cuando anualmente discuten los convenios laborales, con reclamos salariales que duplican y hasta triplican los índices de inflación declarados por el INDEC.

Pero lo que realmente es preocupante es el ocultamiento de los reales índices de pobreza, indigencia y desempleo, de un país que ya ha entrado en recesión. Según datos aportados por distintas entidades de seguimiento laboral y de la realidad social, el número de personas que estarían por debajo del índice de pobreza, alcanzaría los 13 millones de personas y el de indigentes, es decir los que ni siquiera pueden acceder a la canasta alimentaria básica, superarían los 4 millones. El reclamo de distintos sectores de que el estado argentino asista con subsidios de $ 200 o $ 300 a las familias pobres de los más de 6 millones de chicos y jóvenes menores de 18 años que habitan los centros urbanos del país, parecen no tener respuesta del gobierno, que si dispone dinero para salvar los altos déficit de los clubes de fútbol. Luego de cinco años de altísimo crecimiento del país, y con este deprimente panorama actual, la tan voceada justicia distributiva, está todavía muy lejos de su real concreción.