Categoría: Israel

Fuene: Haaretz    (23-10-2017)

Editorial

Prime Minister Benjamin Netanyahu at the weekly cabinet meeting in Jerusalem, Israel, October 9, 2017.La ministro de Justicia, Ayelet Shaked actuó correctamente al negarse a someter a votación en el Comité Ministerial de Legislación, el proyecto de ley que prohibiría que un primer ministro en ejercicio sea investigado en asuntos de corrupción. Una votación no debe hacerse a toda prisa, sin ser precedida de una discusión exhaustiva, sobre un proyecto de ley que podría cambiar fundamentalmente el estado de derecho en Israel.

Contrariamente a las acusaciones del presidente de la coalición David Bitan de que Shaked está "poniendo un palo en la rueda de la coalición", Shaked estaba cumpliendo adecuadamente con los acuerdos de la coalición, que requieren el consenso de todas las facciones de la coalición para la presentación de enmiendas a una Ley Básica (El proyecto de ley del Sr. David Amsalem es una enmienda a una Ley Básica: la el Gobierno).

Sin embargo, incluso si Amsalem -que actúa a instancias del primer ministro Benjamin Netanyahu y los otros miembros del Likud- logra superar los problemas técnicos y presenta el proyecto ante el comité para su aprobación, los partidos de la coalición no deben votar a favor de la legislación. Esta es una ley peligrosa, y el daño que causaría socavaría los cimientos del gobierno y lo que queda del ethos del estado de derecho.

Otorgar inmunidad al primer ministro a la investigación criminal durante su mandato (con la excepción de presuntos delitos sexuales, delitos violentos, delitos relacionados con drogas o delitos de seguridad) convertiría a la Oficina del Primer Ministro en un refugio para presuntos delincuentes.

Es impensable que, si las sospechas son de corrupción, el público tendrá que esperar hasta que el primer ministro ya no esté en funciones antes de que el fiscal general, y luego los tribunales, puedan determinar si esa persona es un criminal al que pertenece ir a prisión.

Cuando surgen sospechas contra un primer ministro, posponer una investigación criminal hasta después de su mandato también es imposible desde un punto de vista práctico. Una investigación efectiva tiene que hacerse en tiempo real, y no tomar la forma de una excavación arqueológica cuando las pruebas y los testigos ya se han dispersado y se ha concretado todo tipo de obstrucción que se podría haber hecho.

Más importante aún, tal legislación rompería el principio básico de una democracia, de igualdad ante la ley. Este principio exige que en un asunto criminal, nadie esté por encima de la ley.

El mensaje público que enviaría la aprobación de esta ley es que la corrupción personal y sistémica entre los líderes políticos del país es una norma permitida. El público concluiría que si la persona en la cima puede aceptar sobornos, participar en el nepotismo, malversar los fondos públicos y dañar el interés público, entonces este mismo comportamiento debe ser aceptable en todos los niveles del gobierno, a nivel nacional y municipal.
 
El Procurador General Avichai Mendelblit debe dejar absolutamente en claro que tal proyecto de ley, incluso como una enmienda a una Ley Básica, es inconstitucional y no dejar el arduo trabajo al Tribunal Supremo, como de costumbre.

Traducción: Dardo Esterovich