Categoría: Internacionales

Fuente: El Cohete a la Luna      (8-07-2018)

El martes 3 de julio la jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la captura del ex Presidente Rafael Correa bajo la acusación de ordenar el secuestro de un delincuente ecuatoriano, Fernando Balda, dentro del territorio de Colombia. Según la información oficial difundida por la secretaria de comunicaciones del gobierno de Lenin Moreno, la orden de detención será presentada a la brevedad a Interpol para solicitar su detención en Bruselas, donde vive actualmente con su familia el líder de la organización Revolución Ciudadana.

La solicitud del más alto tribunal  ecuatoriano se efectivizó cuatro días después de que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, concluyera su visita a Quito y –según los medios hegemónicos locales— anunciara el fin de diez años de tensas relaciones entre ambos países, el exacto periodo en el que Correa instrumentó una política autónoma de los mandatos provenientes de Washington. La solicitud de detención coincide, también, con la recepción efectuada por el actual presidente de los técnicos del FMI –raleados durante el último decenio— y el anuncio de privatización de funciones que otrora realizaba el Banco Central, como la gestión y el control del dinero electrónico.

La visita de Pence es concordante, además, con la liberalización de las importaciones que provocó una caída del 21 por ciento del superávit comercial y el consecuente deterioro del tejido productivo. Otra de las azarosas concurrencias es el anuncio –notificado por Moreno— de limitar la denominada “ley de plusvalía” que impedía la especulación económica y financiera sobre tierras en zonas urbanas, para impedir que los pobres se vean obligados a abandonar el centro de las ciudades.

También fue (aparentemente) azaroso el anuncio sobre la potencial pérdida del status de asilado de Julian Assange, el ciber-activista que se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres, desde que Correa se lo concediera. El gobierno de Moreno restringió hace meses –a pedido de Estados Unidos.— la comunicabilidad de Assange para evitar que continúe con su política de democratizar la información de los centros de poder internacional, desde el interior de la delegación diplomática. Además, el último 5 de julio la cancillería de Ecuador informó que “el señor Assange debe de llegar a un entendimiento con las autoridades británicas. Ecuador es un facilitador”. Indudablemente Mike Pence fue convincente. Antes de abandonar Ecuador felicitó a Moreno por su compromiso en la lucha contra la corrupción evidenciado en el encarcelamiento –con una pena de seis años de cárcel— de su vicepresidente electo, Jorge Glas, quien se encuentra actualmente detenido en la cárcel 4 de Quito, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. La causa contra Glas se inició a partir de un informe provisto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el que se consignaban pagos por 33,6 millones de dólares, provenientes de la empresa brasileña, a las arcas de funcionarios y empresarios entre 2007 y 2016.

La documentación enviada por Washington arribó a los tribunales ecuatorianos pocos meses antes de la campaña electoral de 2016. La difusión de esas denuncias benefició electoralmente a la formula derechista de Guillermo Lasso y Andrés Páez, quienes –a pesar de las ayudas del norte— no lograron derrotar a la Alianza País, cuya fórmula la compartían Moreno y Glas. El vicepresidente electo, fue uno de los funcionarios de mayor confianza de Correa cuando el gobierno expulsó de territorio ecuatoriano a la empresa brasileña Odebrecht, en 2008, por incumplimiento de las normas en el contrato para la construcción de la represa hidroeléctrica de San Francisco.

En diciembre de 2016, cuando los documentos provenientes de Washington fueron conocidos en Quito, los analistas internacionales se interrogaban sobre la obvia contradicción que suponía recibir recompensas ilegales y al mismo tiempo expulsar a quienes se suponía que eran los coimeros (por no cumplir contratos públicos). La causa judicial por la que se ha pedido la captura de Rafael Correa se inició a partir de la denuncia del abogado Fernando Balda, que fue condenado en 2010 por injurias y calumnias contra un funcionario cercano a Correa. El mismo Balda fue sentenciado tiempo después a 12 meses de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado. En ambos casos, para evadir la cárcel, huyó a Colombia, siendo un prófugo de la justicia ecuatoriana entre 2009 y 2010. Balda sufrió en 2012 un intento de secuestro en Bogotá por el que culpó a integrantes de los servicios de inteligencia ecuatorianos. Tres meses después, en octubre de 2012, Balda fue deportado por Colombia hacia su país natal para dar cumplimiento a las dos sentencias de prisión inconclusas por fuga.

En el marco de un evidente acuerdo jurídico-político, los gobiernos de Colombia y Ecuador se complotaron para endosarle el intento de secuestro de Balda a Correa, partiendo de la sola declaración testimonial –sin más pruebas— de un agente policial que se desempeñaba en la Dirección General de Inteligencia de Ecuador (Raúl Chicaiza), que se encuentra detenido a disposición de la justicia de Quito. Correa ha rechazado los cargos, como una farsa en el marco de una operación de lawfare (utilización de la justicia como herramienta de persecución política, o guerra jurídica).

El martes 3 de julio la jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la captura del ex Presidente Rafael Correa bajo la acusación de ordenar el secuestro de un delincuente ecuatoriano, Fernando Balda, dentro del territorio de Colombia. Según la información oficial difundida por la secretaria de comunicaciones del gobierno de Lenin Moreno, la orden de detención será presentada a la brevedad a Interpol para solicitar su detención en Bruselas, donde vive actualmente con su familia el líder de la organización Revolución Ciudadana.

La solicitud del más alto tribunal  ecuatoriano se efectivizó cuatro días después de que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, concluyera su visita a Quito y –según los medios hegemónicos locales— anunciara el fin de diez años de tensas relaciones entre ambos países, el exacto periodo en el que Correa instrumentó una política autónoma de los mandatos provenientes de Washington. La solicitud de detención coincide, también, con la recepción efectuada por el actual presidente de los técnicos del FMI –raleados durante el último decenio— y el anuncio de privatización de funciones que otrora realizaba el Banco Central, como la gestión y el control del dinero electrónico.

La visita de Pence es concordante, además, con la liberalización de las importaciones que provocó una caída del 21 por ciento del superávit comercial y el consecuente deterioro del tejido productivo. Otra de las azarosas concurrencias es el anuncio –notificado por Moreno— de limitar la denominada “ley de plusvalía” que impedía la especulación económica y financiera sobre tierras en zonas urbanas, para impedir que los pobres se vean obligados a abandonar el centro de las ciudades.

También fue (aparentemente) azaroso el anuncio sobre la potencial pérdida del status de asilado de Julian Assange, el ciber-activista que se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres, desde que Correa se lo concediera. El gobierno de Moreno restringió hace meses –a pedido de Estados Unidos.— la comunicabilidad de Assange para evitar que continúe con su política de democratizar la información de los centros de poder internacional, desde el interior de la delegación diplomática. Además, el último 5 de julio la cancillería de Ecuador informó que “el señor Assange debe de llegar a un entendimiento con las autoridades británicas. Ecuador es un facilitador”. Indudablemente Mike Pence fue convincente. Antes de abandonar Ecuador felicitó a Moreno por su compromiso en la lucha contra la corrupción evidenciado en el encarcelamiento –con una pena de seis años de cárcel— de su vicepresidente electo, Jorge Glas, quien se encuentra actualmente detenido en la cárcel 4 de Quito, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. La causa contra Glas se inició a partir de un informe provisto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el que se consignaban pagos por 33,6 millones de dólares, provenientes de la empresa brasileña, a las arcas de funcionarios y empresarios entre 2007 y 2016.

La documentación enviada por Washington arribó a los tribunales ecuatorianos pocos meses antes de la campaña electoral de 2016. La difusión de esas denuncias benefició electoralmente a la formula derechista de Guillermo Lasso y Andrés Páez, quienes –a pesar de las ayudas del norte— no lograron derrotar a la Alianza País, cuya fórmula la compartían Moreno y Glas. El vicepresidente electo, fue uno de los funcionarios de mayor confianza de Correa cuando el gobierno expulsó de territorio ecuatoriano a la empresa brasileña Odebrecht, en 2008, por incumplimiento de las normas en el contrato para la construcción de la represa hidroeléctrica de San Francisco.

En diciembre de 2016, cuando los documentos provenientes de Washington fueron conocidos en Quito, los analistas internacionales se interrogaban sobre la obvia contradicción que suponía recibir recompensas ilegales y al mismo tiempo expulsar a quienes se suponía que eran los coimeros (por no cumplir contratos públicos). La causa judicial por la que se ha pedido la captura de Rafael Correa se inició a partir de la denuncia del abogado Fernando Balda, que fue condenado en 2010 por injurias y calumnias contra un funcionario cercano a Correa. El mismo Balda fue sentenciado tiempo después a 12 meses de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado. En ambos casos, para evadir la cárcel, huyó a Colombia, siendo un prófugo de la justicia ecuatoriana entre 2009 y 2010. Balda sufrió en 2012 un intento de secuestro en Bogotá por el que culpó a integrantes de los servicios de inteligencia ecuatorianos. Tres meses después, en octubre de 2012, Balda fue deportado por Colombia hacia su país natal para dar cumplimiento a las dos sentencias de prisión inconclusas por fuga.

En el marco de un evidente acuerdo jurídico-político, los gobiernos de Colombia y Ecuador se complotaron para endosarle el intento de secuestro de Balda a Correa, partiendo de la sola declaración testimonial –sin más pruebas— de un agente policial que se desempeñaba en la Dirección General de Inteligencia de Ecuador (Raúl Chicaiza), que se encuentra detenido a disposición de la justicia de Quito. Correa ha rechazado los cargos, como una farsa en el marco de una operación de lawfare (utilización de la justicia como herramienta de persecución política, o guerra jurídica).

* Sociólogo, presidente del Llamamiento Judío Argentino