Categoría: Comunitarias

Fuente: Miradas al Sur:   (15-03-2015)

Veintitrés años de impunidad

Embajada: secretos y complicidadesBastó un instante del miércoles 17 de marzo de 1992 para que el paraíso afrancesado de Buenos Aires se transformara en una postal del Infierno. A las 14.47 una camioneta Ford F-100 con cúpula blanca y chapa B-1.275.871, estalló frente a la embajada de Israel que ocupaba una vieja mansión en la esquina de Arroyo y Suipacha.

Calles alfombradas con dos toneladas de cristales a seis cuadras a la redonda, árboles y postes de alumbrado arrancados de cuajo, paredes medianeras rasgadas como si fueran de tela, vecinos asomándose aterrorizados por ventanas descalabradas, cuerpos destrozados en las veredas, sangre corriendo por las alcantarillas de la calle Arroyo, gente arañando las montañas de 300 toneladas de escombros en busca de sobrevivientes.

A cualquiera que ha presenciado ese cuadro dantesco no le caben dudas de que una temporada en el infierno es eterna. Ese atentado que se cobró la vida de 29 personas y dejó más de 240 heridos se ha convertido en un sinónimo de impunidad. Una compleja trama de secretos, lealtades, complicidades e ineficiencia rodea esta causa que a lo largo de estos 23 años no ha registrado un solo avance, ni en el plano local ni internacional.

Por tratarse de una embajada, el caso quedó en manos de la Corte Suprema que puso al frente de la investigación al secretario del tribunal, Alfredo Bisordi, que nunca escondió sus simpatías filo nazis. Ni Bisordi ni su sucesor Esteban Canevaro, quien desde 1999 está sentado sobre un expediente muerto, a punto tal que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ignoraba que en 2006 los familiares querellantes pidieron la imprescriptibilidad de la causa.

Nombrado en 1999, lograron esclarecer el papel que jugó la policía Federal que liberó la zona donde se consumó el atentado.

El día anterior al ataque, la embajada había sido puesta en “alerta de área”, un alerta general. La jefatura de la Policía Federal (PFA) barajó la posibilidad de redoblar la vigilancia. Sin embargo, por alguna razón, no lo hizo. Por el contrario, en el momento del atentado, ninguno de los dos custodios de la Federal se encontraba en sus puestos y sus coartadas no resisten un análisis serio.

Más aún, el patrullero de la seccional 15ª que debía pasar por Arroyo y Suipacha y controlar si el agente estaba en su puesto o mandar un sustituto hizo –esa tarde–, un recorrido diferente del habitual.

“El Comando Radioeléctrico ordenó el desvío del patrullero 115 que debía controlar y sustituir a los custodios de la embajada el día del atentado”, sostiene el ingeniero electrónico Ariel Garbarz que actuó como perito de parte de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina. Las conclusiones de Garbarz sobre la existencia de una zona liberada y sobre la necesidad de investigar la pista policial fueron tan contundentes que el perito terminó siendo censurado por sus empleadores.

“El jefe de la Federal, comisario Baltazar García, no pudo justificar el motivo de la orden de desvío del patrullero que quedó registrada en una cinta magnética de un grabador marca Assmann 200”, relata Garbarz en un informe que se iba a presentar en 1999 ante la Comisión Bicameral de seguimiento a los atentados del Congreso de la Nación, pero que nunca salió a la luz.

La explicación oficial fue que el patrullero había sido requerido por el Comando Radioeléctrico para trasladar a una mujer detenida desde la comisaría de la Cancillería hacia la Comisaría 15ª. Sin embargo, los testimonios de cinco funcionarios policiales de la comisaría de la Cancillería coinciden en que ni la detención ni el traslado existieron. También coinciden en declarar que no utilizaban los patrulleros de la comisaría para esos traslados, sino los móviles de la cancillería que no pertenecen a la PFA.

Los cinco testimonios policiales son contrarios a la coartada utilizada para justificar el desvío del patrullero 115, del que además no aparece ninguna constancia registrada, ni en las grabaciones ni en los partes del Comando Radioeléctrico. En el libro diario de entradas de la comisaría 15ª figura el ingreso de una mujer de origen paraguayo detenida, pero a las 12.40, unas dos horas antes de que se produjera el atentado.

Aunque parezca increíble, recién en 1996 (cuatro años después del atentado), la Corte Suprema citó a declarar al titular de la comisaría 15ª, Alberto Meni Bataglia, así como a los dos oficiales de esa comisaría que habrían sido los primeros en llegar al escenario del ataque terrorista y también había sido el firmante del traslado de la mujer paraguaya usado como excusa para justificar la ausencia del patrullero.

“Resulta muy difícil atribuir los tres abandonos de protección policial a la embajada, tanto del patrullero como de los dos policías, a una triple concurrencia casual de negligencias y desobediencias policiales, afirma Garbarz.

Pero allí no termina el cúmulo de irregularidades detectadas por el perito de la querella. Cuando la Corte Suprema ordenó la reconstrucción de las comunicaciones, la PFA argumentó que el grabador Assmann 200 estaba descompuesto y se entregó un falso patrullero 115 amarillo con el transceptor que pertenecía al 115. Días más tarde apareció el auténtico patrullero 115 pero sin Motorola y sin su motor. También desapareció el cuaderno técnico del equipo de comunicaciones que acredita su autenticidad y su historial de mantenimiento.

Todos los testimonios policiales obrantes en la causa contradicen la coartada de su propia jefatura y conducen necesariamente a la responsabilidad policial en la liberación de la zona del atentado.
A pesar del cúmulo de evidencias, la Corte Suprema –de manera sorpresiva– suspendió la reconstrucción que ella misma había ordenado.

El viernes 12 de marzo de 1999, el perito Garbarz estuvo reunido con el entonces presidente de DAIA, Rogelio Cichowolsky, para llevarle el informe que iba a leer en el Congreso en el que se señalaban todas las irregularidades cometidas por la PFA.

“El ya fallecido Cichowolsky me dijo que aunque a título personal me apoyaba, no podía hacerlo institucionalmente porque la política de la DAIA era concordante con la de Israel, en el sentido de no avanzar sobre la pista local en esa etapa política que vivía el país.

En ese momento, Garbarz le señaló que esa decisión poco tenía que ver con el permanente reclamo de justicia.
“Cichowolsky me miró sin responder, pero hizo un gesto que me pareció de resignación: apretó los labios y arqueó las cejas. Yo insistí en que no entendía y finalmente sólo me dijo que era ‘la política del gobierno israelí’ y que además existía en la dirigencia judía el temor de avanzar sobre una pista local que podría resultar provocativa de un tercer atentado”.

Pese a que el atentado se perpetró en territorio israelí y que se cobró la vida de varios miembros de esa legación diplomática, el Estado de Israel nunca se presentó como querellante en la causa. Una alta fuente de la Cancillería israelí confió al autor de esta nota, que –más allá de razones formales– Israel no se presentaba como querellante porque no quería incomodar a Carlos Menem que a partir de 1991 se había alineado con Estados Unidos e Israel durante la primera Guerra del Golfo. Más aún, cuando el embajador Yitzhak Shefi se tornó en un testigo molesto para ambos gobiernos, Menem pidió a Tel Aviv su remoción y Shefi fue remplazado por el más amigable Yitzhak Aviran, quien –de manera excepcional– consiguió prolongar su estadía en Buenos Aires durante toda la década menemista.

La Cancillería argentina tampoco ha explicado el papel de la diplomacia local.  Aduciendo la falta de evidencias judiciales, el gobierno encabezado por Carlos Menem optó por una estrategia diplomática en la que negoció secretamente con Irán tras el atentado contra la embajada de Israel y lo denunció histéricamente dos años más tarde, cuando se produjo el ataque contra la AMIA.

Después de la voladura de la embajada, representantes del gobierno argentino se reunieron secretamente con los iraníes en el exterior, prometieron armas y cereales como compensación por el contrato nuclear cancelado por presiones estadounidenses poco antes del primer ataque. Hubo por lo menos seis reuniones secretas: cuatro se realizaron en el hotel Bristol, una en el hotel Lutetia y otra en un departamento de la avenida Kleber, de París. En dos reuniones que se llevaron a cabo el 2 de febrero de 1993 y en un simbólico 17 de marzo, fecha en que se cumplía un año del atentado a la embajada de Israel, funcionarios argentinos tomaron la lista de pedidos para armar a los musulmanes de Bosnia violando el embargo impuesto por la ONU.

Coincidiendo con el primer aniversario, el canciller israelí Shimon Peres declaró públicamente que “sabemos más o menos quién voló nuestra embajada”, pero se negó a dar explicaciones con el pretexto de que la investigación no había concluido. En realidad, se había ordenado al jefe del Mossad, Shabtai Shavit, archivar el expediente, según revela el periodista británico Gordon Thomas en el libro Mossad: La historia secreta.

En 1996, cuando David Yatom remplazó a Shabtai Shavit como jefe del Mossad, quiso reabrir la investigación sobre el atentado, pero el gobierno israelí le comunicó que los expedientes de ambos atentados debían continuar cerrados.

El 12 de febero de 2008, el Mossad ubicó en Damasco, la capital de Siria, a Imad Fayez Mughnieh, el líder del aparato de seguridad exterior de Hezbollah, que estaba imputado como uno de los encargados de planificar no sólo el atentado a la Embajada de Israel, sino también el de la sede de la AMIA en Buenos Aires. Utilizando la doctrina de asesinatos selectivos con la que se  eliminó a los perpetradores de la masacre de los atletas israelíes en las Olimpíadas de Munich de 1972, el primer ministro israelí decidió la eliminación de Mugniyeh.

Su auto explotó cuando Mugniyhe se retiró de los festejos por el 29º aniversario de la Revolución Islámica, en la Embajada de Irán en Siria. La vieja lógica del ojo por ojo no hizo más que obstruir el camino de la verdad.

El actual presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, no ha sido el primero en querer cerrar la causa. En julio de 1994, la Corte discutía esa posibilidad: en ese momento voló la AMIA.