Categoría: Comunitarias

Fuente: Revista CONVERGENCIA Nº34.Julio

{mosimage}La equilibrada sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 27 de mayo de 2009 ratificó la nulidad del 90% de la impresentable “causa AMIA”, dispuesta por el Tribunal Oral Federal Nº 3 y luego por la Cámara de Casación en razón de la gravísima serie de irregularidades cometidas por el entonces juez Galeano y un grupo de funcionarios políticos y judiciales, que confluyeron en el “armado arquitectónico” de una historia oficial para entregar un resultado prefabricado a la sociedad.   
Sin embargo -una vez más- quienes por acción u omisión fueron corresponsables de tales dramáticos desaguisados, es decir las dirigencias de AMIA y DAIA junto a sus abogados, presentan la novedad como un “logro” o “reconocimiento”,  sin un atisbo de autocrítica, y vendiendo aserrín por pan rallado.


Así por ejemplo, y según publicaron varios medios, el presidente de la AMIA Guillermo Borger “consideró que se trata de una ´reivindicación fundamental´ del accionar de ambas entidades judías”. Y agregó que  "La Corte tildó de arbitraria, injustificada y sin fundamentos la concatenación de nulidades que hablan de un complot".
Por su parte el abogado de la AMIA, Juan José Ávila, enfatizó que "la Corte despreció el argumento nodal del TOF 3 en donde se hablaba de complot",  expresándose en similares términos la abogada de la DAIA y del imputado Beraja, Marta Nercellas.

La lamentable realidad es bien distinta de la fervorosamente publicitada.
La Corte Suprema, lejos de descartar la verificación de las escandalosas irregularidades comprobadas por el Tribunal Oral Federal Nº 3 primero y por la Cámara de Casación después, las ratificó en todos sus términos en forma categórica. Sólo que a dichas irregularidades comprobadas les puso una fecha de inicio (31 de octubre de 1995, al comenzar a armar Galeano la causa “Brigadas”), estableciendo entonces que debe salvarse de la nulidad sólo lo realizado con anterioridad a esa fecha, porque debe jugar a favor de la subsistencia del proceso la presunción de legalidad de los actos de un juez, previos a su evidenciada pérdida de imparcialidad.

La Corte, textualmente dijo sobre la sentencia de Casación (o del “a quo”), página 62 del fallo:
“Que, de su lado, la parte querellante dirigió sus agravios contra la sentencia del a quo en cuanto confirmó el pronunciamiento dictado por el tribunal oral federal que había declarado la nulidad del auto del 31 de octubre de 1995 y de todo lo actuado en consecuencia, absolviendo a Carlos Alberto Telleldín, Juan José Ribelli, Anastasio Ireneo Leal, Raúl Edilio Ibarra y Mario Norberto Barreiro, acusados por el atentado a la sede de la A.M.I.A. y, respecto de Juan José Ribelli, también en orden al delito de coacción agravada que se le había imputado. (…) Que tal como señala el señor Procurador Fiscal, la nulidad que ha sido confirmada por el a quo encuentra base suficiente y razonable en los fundamentos que en punto a la ausencia de imparcialidad han quedado fuera de la apelación federal de la parte querellante”, por lo cual CONFIRMA el fallo del Tribunal Oral en tal sentido. Y lo hace remitiéndose al dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte, quien expresó que:
“anomalías tales como negociar y convenir un pago con el imputado a cambio de una nueva versión del hecho, la posterior incorporación de prueba corroborante, determinar el resultado de un reconocimiento fotográfico sui generis, presionar a declarantes para lograr evidencia contra un imputado, recibir testimonio a quienes podían autoincriminarse, autorizar el ofrecimiento a imputados de beneficios económicos o procesales a cambio de aportar prueba de cargo hacia ciertas personas, ocultar información a la Cámara de Apelaciones al tramitar los incidentes de recusación, por evocar sólo algunas de las reseñadas en el apartado que antecede, constituyen suficiente sustento, per se y objetivamente, de la falta de imparcialidad declarada”.

No obstante, los querellantes institucionales continúan al día de hoy defendiendo lo indefendible,  haciendo causa común con los imputados por encubrimiento:
“-No hubo soborno porque no se paga a nadie para que mienta. El pago estaba previsto pero el procedimiento seguido por el juez fue equivocado. Telleldín sostuvo que necesitaba el dinero para proteger a su familia porque si iba a acusar, diciendo la verdad, a unos policías, su seguridad estaba en riesgo”  (Marta Nercellas, entrevista en edición digital de diario español ABC, 12 de junio 2009).
La Sentencia de la Corte Suprema señaló que “El tribunal oral concluyó a fs. 120.933 vta. que el juez de instrucción había actuado con falta de neutralidad y que como se trataba de la violación a una garantía constitucional, la consecuencia debía ser la nulidad. Establecida, entonces, la falta de imparcialidad sostuvo a fs. 120.940 que sólo restaba establecer el momento a partir del cual se manifestó el desvío en la voluntad del juez”. Habiendo establecido que el desvío se materializó el 31 de octubre de 1995, el reciente Fallo rescató del desastre los cuerpos anteriores del expediente, y para lo demás confirmó que las víctimas y la sociedad toda fueron burdamente engañados a lo largo de muchos, demasiados años.

Quizás, una de las claves del encubrimiento esté precisamente en esas primeras actividades de investigación, cuando el complot no había sido perfeccionado, y uno de los principales sospechosos de ese momento era un señor llamado Alberto Kanoore Edul. Se había detectado que fue de un teléfono móvil de su propiedad de donde salió uno de los dos llamados que recibió Telleldín el 10 de julio de 1994, día en que éste había publicado un aviso de venta de una camioneta Traffic. Luego, el trágico 18 de julio de 1994, el camión que dejaría un volquete en la puerta de la AMIA minutos antes de la explosión, estuvo parado en Constitución al 2600, precisamente donde tenían sus propiedades -domicilio y negocio- los Kanoore Edul. Camión que pertenecía a una familia de origen libanés de la cual se comprobaron enormes e injustificadas compras de explosivos similares a los usados en el atentado.

Es decir, se sumaban Kanoore Edul hablando con Telleldín, y el camión que dejaría el volquete en AMIA –propiedad de un acopiador de amonal- haciendo una parada frente a su casa.
Ante indicios tan vehementes, hasta para el juez Galeano era evidente la necesidad de intervenir los teléfonos de Kanoore Edul y allanar sus propiedades, lo que fuera ordenado con fecha 31 de julio de 1994. Pero cuando comenzó a ejecutarse lo requerido, y a pedido de Alberto Kanoore Edul padre, el funcionario gubernamental Munir Menem -hermano del presidente y ex embajador en Damasco, Siria- bajó la orden a los funcionarios policiales y al juzgado de parar todo y de liberar al sospechoso, que había sido detenido por unas horas. El cumplimiento fue tan estricto que incluso se “perdieron” los casetes con las grabaciones al teléfono de Edul, y también desaparecieron las desgrabaciones, entre las cuales había al menos una comunicación con la Casa Rosada.

Las familias del sospechoso y de Carlos Menem tenían amistad íntima, siendo ambas oriundas del pueblo de Yabrud,  Siria,  al igual que Al Kassar y que el presidente de Siria Hafez al- Assad. Alberto Jacinto Kanoore Edul declaró que su padre había contribuido años atrás en la adquisición de un departamento de Menem ubicado en la calle Cochabamba y en organizar reuniones para la campaña política del candidato presidencial. Y admitió que su padre se reunió muchas veces con él en la Casa Rosada, obteniendo diversos beneficios económicos para su empresa tales como créditos o agilización de cobranzas. Como para que se supiera que meterse con ellos era lo mismo que ir contra Menem. Otros testigos ampliaron detalles sobre la familiaridad de trato con funcionarios de SIDE y de presidencia. El cuñado del sospechoso -Youssef Ibrahim- trabajaba con el famoso Ibrahim al Ibrahim en la Aduana del Aeropuerto de Ezeiza, y así podrá seguirse con una larga cadena de estrechísimas afinidades.
En esto consistía la denostada “pista siria”, que no descartaba en absoluto el posible involucramiento de Mohsen Rabbani y demás partícipes iraníes, pero que fuera tan silenciada por sectores interesados de la investigación y de la comunidad, muchos de los cuales son los que ahora se presentan como “reivindicados”, mientras siguen defendiendo la misma oscuridad.

*Abogado, trabajó contratado por la AMIA como observador de la causa desde octubre de 2001 hasta marzo de 2002.