Categoría: Conmemoraciones

Fuente: Nuestras Voces    (1-04-2017)

Son ex combatientes de Malvinas y víctimas del terrorismo de Estado. Fueron torturados y maltratados por militares de la última dictadura pero no pasaron por ningún campo de concentración. Todo ocurrió en las Islas durante la guerra. Hace diez años se animaron a denunciar a sus torturadores pero aún no hay imputados en la causa que tiene más de 120 denunciantes, 84 hechos probados y 80 militares de las Fuerzas Armadas denunciados.

Silvio Katz tiene 19 años. Es enero de 1983 y hace seis meses que volvió de la guerra en las Islas Malvinas. Está sentado del lado de la ventana en un colectivo de la línea 26, camino a su casa en Parque Patricios, cuando lo ve. No le quedan dudas de que es él, vestido de civil pero con el mismo porte que cuando estaban en las Malvinas: pelo engominado “bien nazi” y campera verde. Cuando terminó la guerra Silvio pensó que nunca más se lo iba a cruzar. No quería siquiera pensarlo, nombrarlo. Pero ahora lo tiene ahí. “Bajo y lo cago a trompadas”, piensa. “Dale, Silvio, andá a cagarlo a trompadas”, se dice a sí mismo. El semáforo se pone en verde y el colectivo arranca. Silvio sigue mirando por la ventana hasta que lo pierde de vista. Baja la cabeza. Está mojado, se orinó encima. Siente bronca, odio pero sobre todo miedo hacia el hombre que unos meses atrás fue el artífice de todos sus males: el oficial Eduardo Flores Ardoino, el jefe de su campaña, lo torturó a mansalva.

Silvio Katz tardó muchos años en reponerse y tardó mucho años más en contar que también había sido víctima del terrorismo de Estado. Pero no en un centro clandestino de detención sino en las propias Islas Malvinas.

Katz es uno de los testigos clave de la mega-causa 1777/2007 titulada “Pierre Pedro Valentin, sobre torturas” que tramita ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, Tierra del Fuego, en el que es subrogante el Juez Federal Federico Calvete. Allí se se investigan torturas de los propios militares argentinos hacia los soldados durante la guerra de Malvinas.

La causa que inició en 2007, tiene más de 20 fojas, más de 120 denunciantes, 84 hechos probados y 80 militares de las Fuerzas Armadas denunciados pero no hay un solo imputado.

Jerónimo Guerrero Iraola es abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, el único organismo querellante en la causa: “A partir de las investigaciones y de los testimonios que recabamos durante todos estos años, la conclusión es que las Fuerzas Armadas que se habían formado en la Doctrina de Seguridad Nacional no tenía formación para la defensa exterior, sino que estaban preparados para la represión”, explica Iraola a Nuestras Voces. Y agrega: “Los ex combatientes conscriptos fueron la última víctima colectiva de la dictadura cívico-militar”.

La tortura que más se aplicaba en Malvinas por parte de los mandos militares era el estaqueamiento, pero también hubo inmersiones en agua helada, entierros de cuerpos vivos y desnudos hasta el cuello, picana con teléfonos de campaña, golpes y sobre todo tormento psicológico.

Silvio Katz todavía se acuerda cuando Ardoino lo mandó, junto a otro de sus compañeros, a sumergir las manos en un charco de agua congelada con una capa de hielo arriba a modo de castigo. “A mí además, me hacía meter la cabeza por ser judío”. Katz sufría el doble de tortura que sus compañeros. Ardoino lo llamaba “judío de mierda, judío traidor, judío cagón y judío homosexual”. También recuerda cuando su superior ordenó a sus compañeros que le orinaran encima o cuando lo obligó a comer entre su propio excremento.

Además de las torturas clásicas que recibían los soldados, Guerrero Iraola sostiene que en Malvinas se suma otro elemento al plan sistemático, y es el de la tortura famélica: “Tenemos pruebas y materiales que demuestran que los alimentos estaban pero no se distribuían. Los oficiales y suboficiales comían calentito. A los conscriptos se les dio el mismo tratamiento que a los detenidos-desaparecidos”.

Otro elemento que fue clave en la causa fue el Informe Rattembach, el documento resultante del trabajo de la comisión creada bajo el gobierno de facto de Bignone cuyo fin fue analizar y evaluar el desempeño de las fuerzas armadas durante la guerra. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue quien levantó el secreto y permitió que se conociera el contenido de este informe.

“Lo que aportó el informe fue muy importante porque califica a la guerra de Malvinas como una ‘aventura militar’. Esto sigue el lineamiento de nuestra argumentación, es decir, que el Estado terrorista fue el mismo en territorio continental que en territorio insular. Se reconoce que había errores logísticos, improvisación, armamento deficiente. Las fuerzas armadas no estaban preparadas para enfrentar a una fuerza exterior sino para reprimir a sus soldados”, agrega Guerrero Iraola.

La causa que lleva diez años deambulando por juzgados y cámaras fue foco de apelaciones, demoras y circuitos leguleyos que interpusieron los propios denunciados, es decir, los militares.

Para Ernesto Alonso –que hasta 2015 fue titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, nombrado por Fernández de Kirchner–, la causa por torturas en Malvinas “sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia”. En diálogo con este portal explicó que “hay un sector de la política y de las Fuerzas Armadas que trata de imponerse y que tiene ligazones con el Poder Judicial de la Nación para que esto no se investigue. La propia Corte Suprema no analizó la cuestión de fondo por lo que tuvimos que ir a la Comisión Internacional por los Derechos Humanos (CIDH)”.

Actualmente el CECIM recibe constantes amenazas de grupos pro militares como los de la negacionista Cecilia Pando.

“El tema Malvinas siegue teniendo resistencia de las Fuerzas Armadas, de Seguridad de cierto sector de derecha”, concluye Guerrero Iraola y agrega: “Con un 0,001 por ciento de prueba la justicia ordinaria pone preso a un pibe que no tiene documentos. Nosotros tenemos diez años de investigación y ni siquiera una persona fue a declarar”.

Hace algunas semanas, el escritor Martín Kohan fue noticia por haber explicado en un programa de radio algo que es obvio: “La discusión no es entre 8 mil casos probados y 30 mil casos no probados. A mi criterio, lo que la cifra 30 mil expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información respecto de lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue tan clandestina como los centros clandestinos de represión y de tortura. Y la cifra de 30 mil expresa que no sabemos exactamente cuántos fueron porque el Estado ilegal, que reprimió clandestinamente, no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos ni la información de dónde están los nietos secuestrados”.

La reflexión de Kohan, entonces, también podría abarcar a los cientos de caídos en la Guerra de Malvinas que, según las pruebas reunidas por la querella, podrían haber sido torturados por sus propios oficiales y por tanto, ser incluidos en la indiscutida nómina de los 30 mil.